38 familias de la Pobla de Vallbona piden en el juzgado la paralización del desahucio

Las 38 familias afectadas por el desahucio de dos bloques ubicados en la Ermita de La Pobla de Vallbona, concretamente en las calles San Sebastián y Argila, previsto para el próximo 9 de diciembre, acudieron ayer a los juzgados de Llíria para pedir la paralización del procedimiento. Asesorados por voluntarios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los representantes se concentraron a las puertas para mostrar su contrariedad ante la orden emitida por una entidad bancaria propietaria de los inmuebles tras un embargo.

La portavoz de los afectados, Ana María Amador insistió en que «no es la finca de los gitanos», como la llaman sino de personas que «queremos que se respeten nuestro derecho a una vivienda digna». «Estamos nerviosos, desesperados y con mucha ansiedad», explicó, «muchos han tenido que ir al médico». «Nos sentimos estafados, algunos hemos estado pagando alquiler y otros no», reconoció la mujer, quien aclaró que el propietario de los pisos «quería que le pagáramos en efectivo y ahora entendemos el porqué».

José Luis González, representante de la PAH, explicó la situación. La entidad bancaria realizó un préstamo a los promotores de las viviendas, al que no han hecho frente, y finalmente el juzgado ha acordado el lanzamiento. En este intervalo de tiempo, una persona vinculada a la propiedad inicial alquiló parte de las casas, con un contrato no formalizado en ningún registro y al que el juzgado no da validez, mientras que otras familias las ocuparon de forma ilegal.

Ana María siguió apuntando que «ahora quieren echarnos a la calle y si no lo hacemos nos han dicho que se tabicará la puerta con nuestras pertenencias dentro». «No pueden tirarnos así, la mayoría tienen hijos pequeños». Ella es una de las que ha estado pagando alquiler desde finales de 2014 «aunque luego nos dijeron que ya no teníamos que hacerlo».

En cambio Paco, entró a vivir en el bloque hace más de dos años. «Cuando yo entré no se pagaba», ahora tiene dos hijos, uno de 7 años, otro de uno y medio y un tercero en camino. «Estoy sin trabajo y solo cobro el Ingreso Mínimo Vital, estoy dispuesto a pagar un alquiler social porque mis hijos ya son del barrio», comentaba. Otro de los vecinos, Esteban, adquirió la vivienda cuando se construyó y es propietario. «No tenemos ningún problema de convivencia, incluso he venido a apoyarlos», señaló.

El desahucio afecta a 94 personas, de las que una mujer está embarazada, tres presentan alguna discapacidad y 25 son menores. Cada familia ha presentado un escrito ante el juzgado solicitando la paralización y desde la PAH apoyan esta medida hasta lograr una solución habitacional para los afectados o incluso que el banco acceda a un alquiler social. La plataforma ha anunciado que realizará acciones con los afectados y otros agentes sociales en los días previos a la cita fijada para el desalojo.

Desde la Plataforma destacaron la implicación de Conselleria de Vivienda y Ayuntamiento, y manifestaron la necesidad y «máxima urgencia» de un nuevo decreto para frenar los desahucios mientras dure la crisis del coronavirus. «Lo importante es el nuevo decreto y no esperar al trámite de presupuestos porque afecta a centenares de familias», a las que no se les puede «echar a la calle» en este contexto, ha indicado González.

La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, explicó a Europa Press que desde la administración están haciendo gestiones para encontrar una solución para los afectados, que pasaría por la suspensión del lanzamiento y una alternativa habitacional. «Se hará todo lo posible», ha dicho, aunque ha admitido que la situación es «compleja», que hay «verdaderos problemas humanos» y «desgraciadamente poco pueden hacer» al tratarse de una ejecución hipotecaria.

En todo caso, están en contacto con la sociedad gestora de los activos a través de la inmobiliaria que actúa en su nombre y les han pedido la remisión de informes de vulnerabilidad para ver las circunstancias de cada uno. Con ellos, tratarían de negociar que puedan ocupar viviendas con título. «Hemos recibido una puerta medio abierta», apuntó, al tiempo que explicó que los afectados no pueden actuar porque parte no tienen un título justo que acredite el pago de alquiler y otros ocuparon ilegalmente las casas ante la no utilización del edificio.

Desde el Ayuntamiento de La Pobla indicaron que tanto el consistorio como la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática están buscando una solución habitacional para las familias y estudiando la situación personalizada de cada una. «La idea no es buscar en la propia Pobla sino de encontrar soluciones valorando los distintos casos», señalaron.