Compromís propone que el Consell pueda vender electricidad a los ciudadanos
Argumenta que la factura energética es una causa del empobrecimiento familiar, mientras las compañías obtienen beneficios millonarios
F. R.
Domingo, 28 de febrero 2016, 08:26
Compromís ha propuesto al Gobierno autonómico que estudie las posibilidades de crear una compañía comercializadora de energía eléctrica pública. «La creación de una comercializadora de energía pública municipal o autonómica es una opción que permitiría un ahorro en la contratación de energía eléctrica de edificios, alumbrado y empresas públicas, pero también para usuarios domésticos, Pymes, industrias y asociaciones empresariales. Aparte de los claros beneficios sociales y económicos, el dinero ahorrado podría reinvertirse en eficiencia energética o en el bono social para los hogares con pobreza energética», aseguró ayer la diputada Teresa García, responsable de la presentación de la proposición no de ley para que el Gobierno valenciano ponga en marcha una empresa pública que se dedique a vender electricidad entre la administración pública local, la autonómica, empresas y particulares.
La misma parlamentaria autonómica de Compromís aseguró que ya existen ejemplos de comercializadoras públicas. En el ámbito municipal, la diputada puso como ejemplo la Comercializadora Eléctrica de Cádiz, SA, y otros municipios como Barcelona, donde está en proyecto la conversión de la sociedad municipal Tersa en un operador eléctrico de capital público. La parlamentaria de Compromís indicó que en el Ayuntamiento catalán calculan que podrían ahorrarse entre 1,75 y 2,65 millones de euros gracias a su propia comercializadora. Esas cifras supondrían un ahorro de entre un 10% y un 15% del gasto actual.
La venta de la electricidad en España está basada en la potencia instalada y ya no se contrata directamente con la compañía productora o la distribuidora. Los consumidores que contratan menos de 10 kilovatios están acogidos al denominado Precio Voluntario por Pequeño Consumidor (PVPC) y contratan el suministro con las Comercializadoras de Referencia por el que pagan un precio que fija el Ministerio.
La diputada sostiene que el precio de la electricidad ha aumentado en un 70% desde 2008, un 8% de media cada año. «La factura eléctrica es uno de los factores de empobrecimiento de las familias y uno de los factores que restan mayor competitividad a nuestras empresas. Al mismo tiempo, las compañías eléctricas acumulan beneficios millonarios. Estamos ante una problemática que, de una vez por todas, se debe afrontar desde los poderes públicos de forma valiente y resolutiva».
Los consumidores con una potencia contratada superior a 10 kilovatios deben de elegir una de las empresas comercializadoras del mercado libre que hayan comunicado su inicio de actividad al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La mayoría de los consumidores domésticos están acogidos al PVPC, «síntoma de lo poco atractivas que son las ofertas del mercado libre», indicó la diputada de Compromís.
«Es por ello que hemos presentado una proposición para que el Consell estudie las posibilidades y las consecuencias jurídicas, económicas y sociales de establecer una comercializadora de energía eléctrica pública». Considera que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial podría convertirse comercializadora eléctrica, «sin perjuicio de que su actual forma jurídica debiera adaptarse a lo que exige la ley del sector eléctrico».
