El juez pide un millón de euros de fianza a Alfonso Grau

Alfonso Grau. /Irene Marsilla
Alfonso Grau. / Irene Marsilla

El exvicealcalde está investigado por liderar la trama que supuestamente permitió la financiación ilegal del PP de Valencia durante las elecciones de 2007 y 2011

A. Rallo
A. RALLOValencia

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha pedido al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau un millón de euros de fianza para asegurar el pago de la responsabilidad civil en el caso de una hipotética condena. Grau está investigado por liderar la trama que supuestamente permitió la financiación ilegal del PP de Valencia durante las elecciones de 2007 y 2011.

Los indicios en contra de Grau se han ido acumulando a medida que avanzaban las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez, en uno de sus autos, dio un par de detalles que estrechaban el círculo sobre el vicealcalde. El instructor, tras imputar por estos hechos a la cajera del PP Mari Carmen García Fuster, adelantó quiénes podían ser los responsables de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. «Resulta razonable que la investigación se proyecte, de inicio, sobre los administradores electorales y sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y de sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición». Además, recogía que los hechos constituirían, de entrada, un delito electoral continuado, que abarcaría también la campaña electoral de 2011.

La cuenta opaca

Alfonso Grau, según los informes de la UCO, estuvo autorizado en la polémica cuenta del Sabadell. Dejó de tener acceso en 2015. No obstante, el vicealcalde sí figuraba en esa libreta durante el periodo que se investiga. Un informe de la UCO recoge que podía controlar esa cuenta desde octubre de 2012 hasta abril de 2015. Con anterioridad figuraba también Marta Torrado, aunque los agentes, al parecer, confunden su apellido en el informe.

Las otras dos personas con capacidad de maniobrar en esa cuenta están ya investigas: García Fuster y María José Pi Palau, mano derecha de esta, ya están investigadas.

Existen otros indicios en contra del que fuera mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento. La exsecretaria del Grupo Municipal, García Fuster, declaró en su comparecencia que era Grau quien se encargaba de los pagos que se hicieron al Grupo Trasgos, la agencia de comunicación que cobró de la cuenta sin fiscalizar del grupo. Las mismas fuentes indicaron que Grau era la persona de contacto para decidir estas cuestiones. Diferentes fuentes judiciales apuntan a que con esos antecedentes, Grau terminará declarando como investigado.

El dirigente popular, al parecer, negó esa relación con la empresa investigada en su única comparecencia en el juzgado. Lo hizo como testigo. Su testimonio restó algo de fuerza al relato de la Fiscalía en una causa en la que su propia esposa, la exconcejal María José Alcón, se encuentra investigada.

Anticorrupción pidió la declaración como testigo de Grau días después de mantener una reunión de cerca de dos horas con el político y sus abogados. Se pensó en una posible colaboración de Grau con los investigadores en un momento en el que ya se había producido un duro cruce de acusaciones entre el exvicealcalde y la actual senadora. Todas las circunstancias parecían favorecer a los investigadores. Incluso la propia situación personal de Grau. Unas semanas antes había sido detenido acusado de un delito de cohecho por recibir relojes del dueño de una empresa de transportes.

Sin embargo, las expectativas no se cumplieron. Más bien todo lo contrario. El testimonio de Grau se resumió en que él no vio que a su mujer le dieran los dos billetes de 500 euros y confirmó el delicado estado de salud de su compañera en las conversaciones telefónicas interceptadas. Del mismo modo, le pareció normal que sus asesores -testigos de la causa- no donaran el dinero al PP porque ya sabían que, con su marcha, ellos no iban a continuar en el Ayuntamiento. Ellos, en cambio, sostienen que no lo hicieron al intuir que era un blanqueo.

El exdirigente popular había abandonado en 2015 sus responsabilidades públicas por el juicio del caso Nóos. Se sentaba en el banquillo por 'culpa' de la acusación del PSOE. Las relaciones con la entonces alcaldesa, Rita Barberá, habían dejado de ser cordiales. Los pinchazos telefónicos a la exconcejal María José Alcón revelaron la animadversión hacia Barberá. Por un lado, la pareja consideraba que Grau fue el cabeza de turco, quien pagó realmente la responsabilidad de la alcaldesa en los contratos con Urdangarín. El vínculo se terminó de romper al comprobar el puesto que Alcón ocupaba en la lista municipal. Sólo un milagro -electoral, en este caso- le hubiera permitido ser concejal. La propia Alcón lamenta en las conversaciones intervenidas que el partido ha dejado de confiar en ella para puestos de responsabilidad.

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