Un detective caza a un funcionario de Villalonga de baja trabajando en una obra

Enric Llorca, alcalde de Villalonga.
Enric Llorca, alcalde de Villalonga. / LP

El investigador fue contratado por 3.000 euros por el Consistorio de Villalonga y el interino ha sido suspendido tres años de empleo y sueldo

Ó. DE LA DUEÑAVillalonga

El gobierno local (PSPV) de Villalonga ha abierto un expediente disciplinario a un empleado público tras hallarlo trabajando mientras estaba de baja médica por ansiedad y depresión. La decisión del ejecutivo ha sido suspender al empleado de baja de trabajo y salario durante tres años, una medida que comenzará a hacerse efectiva mañana mismo.

El primer edil, Enric Llorca, y el edil de Personal, Juanjo Sanchis, optaron por abrir el expediente al trabajador tras tener conocimiento de que desarrollaba otras «labores y usaba medios del Ayuntamiento», dijo ayer el alcalde.

Fueron los propios vecinos los que alertaron al alcalde de los trabajos que estaba realizando el funcionario

El proceso disciplinario lo encargaron Llorca y Sanchis, pero ha sido un funcionario de carrera quien ha instruido el expediente, como determina la ley. Además, el documento lleva la rúbrica de la secretaria del Ayuntamiento de Villalonga. El expediente, por tanto, reconoce los hechos y rechaza las alegaciones del trabajador para evitar la sanción.

El alcalde explicó a LAS PROVINCIAS que el empleado en cuestión estaba de baja y algunos vecinos de la localidad le alertaron de que estaba trabajando: «Vinieron a mi despacho varias personas y me indicaron dónde estaba el funcionario y qué labores realizaba». Ante esta situación, Llorca decidió contratar a un detective privado, algo que ha sentado muy mal a Compromís y las no adscritas (exsocialistas).

El descontento de estos grupos radica en que los honorarios de este experto han ascendido a 3.000 euros, «que pagan todos los vecinos», y también en el hecho de «espiar a un trabajador público», algo que los nacionalistas y las no adscritas consideran inaudito.

El primer edil indicó que al conocer los hechos prefirió recurrir a un «detective colegiado» para tener un informe real de lo que estaba pasando: «Queríamos saber la verdad y evitar fraudes. El gobierno optó por contratar a este profesional para tener un documento veraz y que no fuera la palabra de un empleado contra la del alcalde o de un concejal».

El trabajo del detective concluyó con un dossier de fotografías y texto donde se expone que el empleado estaba desarrollando trabajos incompatibles con su baja médica.

Es más, el expediente firmado por la secretaria da por probado que el trabajador realizó «actividades ajenas al Ayuntamiento el 18 de noviembre de 2016, concretamente de albañilería, algo incompatible con su situación de incapacidad laboral».

Los partidos de la oposición afirman que la sanción impuesta es «desproporcionada»

Este tipo de hechos se repitieron varios días del mismo mes y en otras jornadas del mes de diciembre del año 2016. Pero además, el documento oficial recoge que el empleado de baja utilizó medios públicos mientras realizaba los trabajos estando de baja.

«Vertió escombros y material de obra en una parcela de uso municipal», añade el escrito. Según Llorca, lo hizo «porque tenía llave de este vertedero que, además, estaba clausurado». Pero para Compromís y las no adscritas, Alicia Gomis y Lydia Reig, es un completo despropósito «espiar a un trabajador público».

Tanto el nacionalista Santi Alberca como las exsocialistas enviaron ayer un comunicado conjunto donde cargaban contra Llorca: «No hay dinero para becas o para acabar el aparcamiento de Cais, pero sí para contratar a un detective».

En su escrito, los dos grupos afirman que se trata de «una persecución personal». «El alcalde y el empleado tuvieron unas palabras hace un año, donde el primer edil llegó a llamar al empleado 'gos' (perro), según testigos presenciales», agregaron los ediles.

Nacionalistas y no adscritas consideran que dejar sin empleo y sueldo a un empleado durante tres años «es desproporcionado e injusto, ya que se trata de una persona que ha demostrado ser trabajadora».

Sin embargo Llorca dijo que estos hechos pueden ser constitutivos de despido, pero que se ha optado por sólo apartar al empleado temporalmente. También añadió que es cierto que le llamo 'gos', pero que lo hizo de «buena fe». «Le dije eso delante de otros operarios y por su bien. Él me amenazó y yo di parte a la Guardia Civil, aunque no puse denuncia», agregó. El primer edil concluyó afirmando que no es la primera baja que coge el trabajador, «todas en verano», y que este empleado es delegado sindical de UGT y que el sindicato ha estado informado en todo momento.

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