Una exasesora dice que rechazó aportar dinero porque era para blanquearlo
El juez toma declaración a una excolaboradora del grupo municipal del PP ante el temor de que reciba presiones para cambiar su versión
I. DOMINGO/EFE
Martes, 2 de febrero 2016, 23:15
Tercera jornada de paseíllo de integrantes del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia por las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Patraix. Si la semana comenzaba con la presencia de los exconcejales Juan Vicente Jurado y Mayrén Beneyto, ayer fue el turno de ediles como Emilio del Toro o Ramón Isidro Sanchis, que declinaron hacer declaraciones ante los medios.
Del Toro, por ejemplo, se limitó a asegurar que la actuaciones de la UCO (Unidad Central Operativa) se han producido mientras él estaba fuera de Valencia y que desconocía los motivos por los que había sido llamado a declarar. El que fuera responsable de Educación en la pasada legislatura no quiso hacer ninguna aclaración sobre si había o no aportado los 1.000 euros para la campaña electoral y su devolución posterior en billetes de 500 euros.
Quien sí atendió a los medios a su salida del cuartel fue la exasesora del vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, Arantxa Martín, una de las personas que actúa como testigo en la 'Operación Taula. Martín, que permaneció durante más de una hora con los investigadores, afirmó que no colaboró con los mil euros que se le pidieron para la campaña electoral porque no le gustó «nada» la propuesta. «Era blanqueo claramente y daban instrucciones para ello. Era un tema turbio», afirmó a la salida del cuartel de Patraix.
Esta extrabajadora del Ayuntamiento es una de las cuatro personas que se negaron a donar la cantidad solicitada por el PP, que luego supuestamente se les retornaba en dos billetes de 500 euros en un sobre. «No participé en un delito; hice lo que me dictó la conciencia», resaltó Martín.
Preguntada por si no siguió trabajando con el grupo municipal por temor a represalias, la exasesora del vicealcalde respondió que «no esperaba seguir» en referencia a que Alfonso Grau había abandonado el Ayuntamiento dos meses antes de comenzar la campaña, en marzo.
Junto a ella también pasaron por estas dependencias varios arquitectos citados para declarar por la construcción de campos de fútbol de césped artificial, un asunto que también investiga la UCO.
Otro de los presentes ayer en el cuartel fue Antonio Barranco, considerado uno de los hombres fuerte de Alcaldía. El asesor negó que desde el grupo municipal popular le pidieran dinero para el partido sino que existía un «acuerdo» y hacían «aportaciones voluntarias de forma solidaria» de 60 euros todos los meses. «Pagábamos igual que pagamos al Valencia CF si somos socios», detalló y añadió que en campaña «gastaron más».
Barranco se mostró «sorprendido» por la situación y señaló que «no había blanqueos», además de negar que recuperara el dinero entregado al partido. Ante la pregunta de si la exalcaldesa y senadora, Rita Barberá, podría saber algo, aseguró que «en absoluto» y añadió que la exsecretaria del grupo popular María del Carmen García Fuster es «una persona honesta».
Comparecencia ante el juez
Por otro lado, el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, comenzó ayer por la tarde a tomar declaraciones a los primeros investigados, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En concreto, a una exasesora del grupo municipal del PP, que ha comparecido en calidad de investigada (imputada) por un delito de blanqueo de capitales. Ante el juez, la colaboradora ratificó la declaración que realizó ante la UCO. Fuentes próximas al caso explicaron que se ha optado por este procedimiento ante el temor de que reciba presiones para cambiar su declaración.
Para hoy se espera, a partir de las 9.30 horas, nuevas comparecencias en la Ciudad de la Justicia, entre ellas la del concejal y portavoz popular Alfonso Novo, el asesor Luis Salom, una tercera persona de la que no se ha facilitado más datos y varios de los testigos.
Todos ellos declararán como investigados, asistidos por un abogado, en la causa que se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat.