Unanimidad en el salón de plenos para reclamar al Consell los antiguos juzgados

Uno de los pocos asuntos en los que los concejales se quitaron las chaquetas de sus distintas formaciones en busca del consenso fue la planteada por el grupo municipal de Ciudadanos en la que se instó al Consell la entrega de las llaves al Ayuntamiento del edificio del antiguo Palacio de Justicia y la creación de una comisión técnica entre ambas administraciones que defina la compensación que Orihuela debe recibir a cambio de la obra de los juzgados de la Plaza de Santa Lucía así como el diseño y puesta en marcha de un plan de pagos para hacerlo efectivo. Mar Ezcurra fue la encargada de defender una propuesta que la mayoría de los grupos tildaron de «blanca» por dejar la política al margen aunque solo fuera por un rato para remar en conjunto por un asunto enquistado y que cuesta dinero a Orihuela puesto que tal y como indicó el concejal de Hacienda, Rafal Almagro, el pasado martes, el municipio destina cada año 440.000 euros al alquiler de locales donde ubicar distintas oficinas municipales para las que no hay sitio en las dependencias que ya son de su propiedad.

Ezcurra habló de «desprecio» de los distintos gobiernos valencianos del PP con la ciudad y consideró necesario aprovechar el cambio al frente de la Generalitat para lograr algo «que consideramos que es de justicia». Todos los grupos municipales recogieron el guante a Ciudadanos y apoyaron la propuesta con puntualizaciones como la que reseñó el portavoz de Cambiemos, Karlos Bernabé, quien argumentó que la moción no dejaba de recordar que se avecina una campaña electoral y consideró que la explicación para que ese edificio no sea ya titularidad municipal «debería buscarse en la sede del PP, donde mucha gente ha hecho carrera a costa de ser dócil con Valencia». En todo caso adelantó que espera que se cuente con su grupo para, llegado el caso, decidir qué se hace con el inmueble una vez sea devuelto al Consistorio y se lamentó de no tener voz y un voto casi anecdótico a la hora de elaborar el presupuesto del Ayuntamiento.

Por su parte, el socialista Antonio Zapata recordó que en su época como concejal de Urbanismo se llegó incluso a un acuerdo con la Conselleria de Justicia en cuanto a las cifras de la permuta «pero cuando llegó a Hacienda el compromiso de pagar 500.000 euros al año desapareció porque se encontraron con que no había dinero». Por parte del Partido Popular, Francisco Sáez instó a los grupos a ir de la mano «en todo lo que sea defender los intereses del municipio» y tildó de «lamentable» que en los últimos ocho años no se haya logrado solucionar este asunto.

En este punto se produjo una de las anécdotas de la jornada cuando el alcalde, Emilio Bascuñana, quien en todo momento estuvo al tanto de la duración de las intervenciones de los distintos concejales, pidió a la proponente que acabara su exposición para darse cuenta después de que tenía más tiempo del que pensaba.