El Ayuntamiento abona a Fuset los 14.000 euros que costó su abogada en el caso Viveros

La causa, que sin duda lastró su carrera política, se demoró durante años en el juzgado de Instrucción. Los hechos se remontan al verano de 2017, pero no fue hasta diciembre de 2022 cuando se señaló finalmente la vista. En ese lapso, investigaciones y recursos a la Audiencia e incluso la apertura de otra investigación, en este caso, por un supuesto delito de prevaricación en el montaje de las barras para ese mismo evento, alargaron todo el proceso. También este caso, como el del accidente, se cerró sin cargos públicos como responsables penales.

La Fiscalía nunca llegó nunca a formular escrito de acusación al edil. Tampoco apreció responsabilidad penal en la muerte del operario. Sólo la familia de la víctima pretendía que el concejal se sentara en el banquillo. Reclamaba cinco años de cárcel para él.

No es la primera vez que a un responsable público se le abonan los honorarios de su letrado cuando la investigación se ha iniciado como consecuencia de una acción en el desarrollo de sus funciones públicas y después se cierra sin reproche penal. Así ocurrió, por ejemplo, con Carlos Galiana o la edil del PSPV Maite Girau por procedimientos iniciados por el asesor del PP, Luis Salom.

No tiene ningún sentido que el desempeño de una responsabilidad en la Administración acabe minando tu propio patrimonio. Mónica Oltra y el que fuera jefe de gabinete Miquel Real también tienen la puerta abierta a esta posibilidad en la causa del presunto encubrimiento de una denuncia de abusos sexuales contra su expareja. Ambos solicitaron en su día la correspondiente asistencia de la Abogacía. Y es, además, algo que se plantean en un proceso que consideran injusto e instigado por la derecha más radical para apartarlos de la política.