El Ayuntamiento de Valencia se plantea ampliar a más barrios las restricciones al tráfico en Ciutat Vella
Ribó estudia cómo aplicar la ley de Movilidad, que permite cobrar a los coches que quieran acceder a las zonas de bajas emisiones
El Ayuntamiento de Valencia estudia ampliar las zonas con restricciones al tráfico de Ciutat Vella. En concreto, esta ampliación de los entornos vigilados con ... cámaras y con acceso limitado podría llegar a los barrios de La Seu, La Xerea y El Pilar, según ha confirmado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, este miércoles, que ha argumentado que fue una petición vecinal en la última reunión mantenida con Amics del Carme.
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«Siempre que se produce una modificación en movilidad hay gente a la que le cuesta adaptarse», ha dicho Ribó, que ha apuntado que es algo «habitual» y que si alguien entraba por un sitio y ahora no puede porque no es del barrio, «tiene que cambiar de comportamiento». «Fundamentalmente lo que se está haciendo con las cáamaras es positivo, aunque seguramente se tendrá que hacer alguna modificación», ha dicho Ribó. «Corregiremos lo que se haya que corregir», ha indicado el primer edil, que ha insistido en que la movilidad «es flexible» y que el tráfico «siempre encuentra por donde circular».
El anuncio del alcalde sorprende porque, aunque los vecinos sí se han mostrado favorables a la medida por cuanto reduce el tráfico por el barrio, también han protestado amargamente, incluso con concentraciones en la calle, por los problemas para recibir una autorización, incuso para locales o residentes del barrio. Aunque muchos de ellos no viven o trabajan en la zona afectada concretamente por las restricciones, sí tienen que circular por ella para llegar a sus casas o establecimientos.
«Estamos de acuerdo con el área de prioridad residencial y con el modelo de vigilancia con cámaras, que ha permitido reducir el tráfico. Pero la falta de comunicación que tenemos con el actual concejal de Movilidad ha impedido que podamos resolver toda una serie de pequeños problema», comenta Toni Casola, portavoz de Amics del Carme.
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«Entendemos que si se amplía a unas calles más el asilamiento que han tenido algunos vecinos se terminaría. Suponemos que en breve nos llamarán para hablar del tema», dice Casola, que añade que sería el entorno de la calle Boix. La intención es, también, evitar el tránsito de salida por la calle Murillo. «No afectaría a más de 8 o 10 calles», ha indicado Casola, que ha insistido en la necesidad de reunirse con Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad.
Lo cierto es que el área de prioridad residencial ha provocado no pocas protestas, tanto de los vecinos como de los partidos en la oposición, que han exigido más diálogo al concejal Grezzi, en una petición que, por otra parte, se repite en casi cualquier actuación del edil. De hecho, el pasado jueves los vecinos de Ciutat Vella salieron desencantados de una reunión de la Mesa de la Movilidad monográfica del distrito por la poca disposición del concejal a debatir y dar marcha atrás en los planteamientos que los vecinos le piden que estudie.
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Tasa para acceder al centro
El alcalde ha sido preguntado también por la nueva ley de Movilidad Sostenible, que entre otras medidas, permite que los ayuntamientos cobren para acceder al centro o a las zonas de bajas emisiones, que serían de implementación obligada: sólo podrían entrar quienes tuvieran determinadas pegatinas identificativas de la DGT, las pertenecientes a los vehículos menos contaminantes. «Tenemos que estudiar cómo vamos a aplicarla», ha dicho, prudente, el alcalde.
«Hacemos una valoración positiva de la ley. Creo que hay una serie de elementos que han aparecido como el uso del móvil, que causa muchos accidentes», ha indicado Ribó, que ha añadido que estudiarán «su aplicación». «Hay una serie de elementos que tenemos que estudiar y adaptar a la ciudad. Es muy pronto para decir qué vamos a hacer», ha comentado.
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Por el momento, ninguna ciudad española aplica esta tasa, aunque Barcelona se lo plantea si la implantación de las zonas de bajas emisiones no consigue bajar el nivel de contaminación de la Ciudad Condal, un problema que Valencia, por su particular orografía y disposición en la costa, no tiene de forma tan acuciante. Madrid no la aplica. Grandes ciudades europeas como Estocolmo, Londres o Milán sí la han puesto en marcha.
En este sentido, el Ayuntamiento recibió el pasado miércoles la noticia de que le han sido concedidos 49 millones de euros de los fondos europeos. Parte de ese dinero, en concreto 35 millones, irán destinados a la implantación de zonas de bajas emisiones y la renovación del parque móvil de la EMT, junto con diez millones para financiar las nuevas marquesinas de las paradas. Lo primero debe estar listo en 2023, indicó el edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, quien detalló que servirá para la compra de cámaras y fibra óptica, entre otras inversiones necesarias. El 30 de abril acaba el plazo para sacar todo a concurso.
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