El retraso de Ribó al dar una licencia fuerza al Consistorio a pagar un millón de euros

Los hechos se remontan a 2014, todavía con el PP en el poder, cuando una mercantil solicitó licencia de obras para la construcción de un edificio de nueva planta en el solar de su propiedad sito en los números 6 y 8 de la calle Maestro Gozalbo. El 10 de abril de ese año fue denegada. La empresa recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4. Estando en tramitación el citado recurso, el Ayuntamiento decidió revocar la primera decisión, pero solo en el sentido de reabrir el procedimiento administrativo, sin otorgar la licencia ni reconocerla obtenida por silencio. La empresa volvió a recurrir.

La cuestión entra entonces en un laberinto legal y administrativo en el que el Ayuntamiento dicta nuevas resoluciones a la espera de que los juzgados resuelvan la cuestión. En una de ellas, en 2017, el Consistorio declaraba unilateralmente desistida a la empresa de su pretensión de obtener la licencia de obras. El recurso frente a las dos primeras resoluciones del Ayuntamiento terminaría resolviéndose en apelación mediante una sentencia firme de 2020 que anulaba la denegación de la licencia y reconocía el derecho de la empresa de obtenerla por silencio administrativo.

Entonces llegó otra sentencia que hablaba de «dilación indebida en la concesión de la licencia solicitada por la actora sin causa justificada», y la empresa decidió pedir una indemnización al Consistorio. Y el juez se la ha concedido. Para el magistrado, la empresa tenía derecho a la obtención de la licencia urbanística por ella solicitada y, además, existió un retraso en el otorgamiento de la licencia urbanística, lo que fue también reconocido por sentencia judicial.

«Se está ante un supuesto de funcionamiento anormal de los órganos de la Administración urbanística. Si la Administración Pública debe actuar, siempre, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, resulta obvio que cuando ello no sucede solo cabe apreciar en tal proceder un 'funcionamiento anormal' de los servicios públicos», argumenta el juez.

La empresa pedía casi 44.000 euros por el coste de actualización del proyecto de obras y 946.000 euros por el lucro cesante de los 11 años transcurridos sin edificio. El juez rebaja ligeramente la cifra hasta los 989.717,84 euros y, además, impone al Consistorio el pago de la costas procesales. El Ayuntamiento no recurrirá al entender que la sentencia está bien armada y no prosperaría el recurso.