La polémica cesión de 'La Base' a Empleo acaba en un recurso

La decisión se produce tras una polémica junta en la que el grupo socialista votó en contra de la medida al considerar que la iniciativa es para que «un compañero tenga despacho con vistas al mar», según el portavoz adjunto del PSPV, Borja Sanjuán, en clara alusión a Compromís, en concreto a Enric Nomdedéu, secretario autonómico de empleo y director general de Labora.

Los populares alertan en el recurso que se incumple la legislación en esta concesión, se ha hecho sin libre concurrencia como sí ha ocurrido en otros edificios como los Docks u otras bases de La Marina. También que se ha fijado un canon que puede ser perjudicial para los intereses municipales al fijar precios con estudios de hace 10 años y que se realiza una bonificación del 40% del precio sin justificación en el expediente, entre otras muchas presuntas irregularidades en este acuerdo ya aprobado.

La portavoz del PP, María José Catalá, señaló que la concesión de esta base de La Marina por 50 años está llena de despropósitos por «la opacidad y oscurantismo del alcalde Ribó que ha sacado adelante un acuerdo sin consenso ni con sus compañeros de gobierno y que demuestra una vez más la manera de gobernar de Ribó que sigue siendo un sectario que no piensa en los intereses de los valencianos sino de su partido. Tiene más de siete años paralizada la Marina sin actuaciones que generen riqueza y empleo, y ahora ha arrendado un edificio para despachos de la Conselleria de Economía en primera línea de costa».

El Ayuntamiento ha arrendado a Labora una superficie de 2.086,69 metros cuadrados, distribuidos entre la planta baja y la primera del inmueble, para instalar un Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Los cinco primeros años no se le cobrará ningún canon por las obras de adecuación y luego este será un precio más que de «amigos» de 4.600 euros al mes.

Los populares afirman en su recurso que el acuerdo «de arrendamiento se ha realizado sin respetar el procedimiento para el arrendamiento de inmuebles establecido en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas». En su recurso afirma el PP que «tampoco consta el estudio de mercado para establecer el precio del arrendamiento, utilizando como propio el mismo precio que se estableció para el arrendamiento del CEMAS hace tres años», en referencia al Centro de Alimentación.