La ONG Ayuda Una Familia recurre al Síndic de Greuges la prohibición de dar comida a personas sin hogar en el viejo cauce
El Ayuntamiento defiende los más de cuatro millones de euros en ayudas para manutención y la comunicación constante con entidades sociales
La Fundación Ayuda Una Familia mantiene el pulso con el Ayuntamiento de Valencia después de que el Consistorio le prohibiera el reparto de comida a las personas sin hogar en el viejo cauce arguyendo que el calor podría provocar insalubridad en los alimentos repartidos. La entidad ha remitido una queja al Síndic de Greuges tras el «silencio e indiferencia» de la alcaldesa María José Catalá en este asunto. Según la organización sin ánimo de lucro, la falta de respuesta administrativa «mantiene sin comida ni agua a decenas de personas que duermen al raso mientras las temperaturas rozan los 40 grados».
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Ayuda Una Familia ha informado del recurso a través de un comunicado en el que ha recordado que este conflicto con el Ayuntamiento se remonta al pasado 12 de junio, cuando el Consistorio ordenó paralizar un dispositivo de reparto de víveres que llevaba cinco años distribuyendo a diario raciones de comida y botellas de agua a más de 800 personas sin hogar. Ante la gravedad de la situación, la Fundación solicitó por escrito una reunión urgente con la alcaldesa para buscar alternativas. «Esa carta nunca recibió respuesta», subraya la organización.
La ONG, eso sí, trasladó provisionalmente el reparto a la Gran Mezquita para cumplir con el requisito impuesto por el Ayuntamiento de suministrar alimentos a través de un local. La comunidad del templo le cedió sus instalaciones a Ayuda Una Familia dos días a la semana y, según estima la entidad, allí se sirven más de 800 platos de comida cada jornada. «Agradecemos profundamente su enorme gesto de humanidad», destaca Marisé García, directora general de la fundación. Eso sí, la propia García advierte que esta «no es una solución sostenible» e insta al Consistorio a habilitar «un espacio digno para continuar la ayuda».
La directora general de la entidad incide en que, tras «haber seguido todo el protocolo y agotado las vías administrativas», desde Alcaldía mantienen «una indiferencia que se traduce en hambre, sed y riesgo para la salud» de las personas más vulnerables.
El escrito de Ayuda Una Familia también alerta de que algunos voluntarios de la entidad han denunciado haber reportado casos de mareos, infecciones cutáneas y episodios de ansiedad por la falta de agua potable y sombra en pleno verano: «El hambre no entiende de plazos administrativos», insiste García
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En el documento dirigido al Síndic, la Fundación solicita la apertura de una investigación y la adopción de medidas cautelares «que obliguen al Consistorio a restituir el reparto, instalar puntos de hidratación y diseñar un plan integral de atención social». «Si persiste la inacción, recurriremos a todas las instancias legales y mediáticas para garantizar que nadie vuelva a pasar hambre ni sed en Valencia», advierte García.
Más de cuatro millones en ayudas a la manutención y comunicación constante con entidades sociales
El Consistorio se ha pronunciado al respecto de la queja de Ayuda Una Familia ante el defensor del pueblo valenciano. «La asociación está es su derecho de recurrir al Síndic donde el Ayuntamiento podrá recordar los motivos por los que se revocó el permiso para el reparto de comida en el río así como toda la comunicación que tanto verbal como por escrito que ha habido entre el Consistorio y la ONG», alegan fuentes municipales sobre este asunto.
Las mismas voces aseguran que en Valencia son muchas las ONG y entidades que realiza un labor social vinculada al reparto de alimentos «y por respeto a las mismas no se debería utilizar algunas de las frases dichas en el comunicado». Esta reflexión se efectúa en base a que en la ciudad no se pasa hambre ni sed gracias a los subsidios municipales y el tercer sector.
Asimismo, desde el Ayuntamiento recuerdan que los Centros Municipales de Servicios Sociales destinan cuatro millones de euros a ayudas a manutención a personas vulnerables y hasta 11 millones en ayudas de emergencia provenientes de fondos municipales.
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