El juzgado rastrea teléfonos en Kenia e Israel que contactaron con la EMT durante el fraude

La investigación del fraude que sufrió la EMT en septiembre de 2019 sigue adelante, de forma lenta pero constante. El titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha acordado enviar comisiones rogatorias a Kenia e Israel para que descubran quién está detrás de los teléfonos y de la IP desde la que los estafadores se pusieron en contacto con Celia Zafra, la directiva despedida de forma fulminante cuando la empresa descubrió el robo, el 23 de septiembre de 2019.

El Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional ya había emitido un informe en febrero de 2020 en el que había advertido de la necesidad de enviar comisiones rogatorias a esos dos países. El motivo es que uno de los teléfonos desde el que se llamó a la EMT era el +254355137864, con prefijo de este país africano. Además, el juez quiere saber la dirección de facturación, otros teléfonos asociados, el nombre y apellidos del titular y la documentación aportada para dar de alta la línea, todo ello en rango de fechas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Desde este teléfono se llamó a Celia Zafra. Los presuntos estafadores hablaban «español con acento de español». Pero, como se recordará, el lenguaje del gestor de correo de los estafadores era el francés, como se puede ver en los mensajes intercambiados con Zafra. Los agentes dicen que es un detalle sin importancia: puede estar radicado en Kenia y escribir en francés.

Además, también se va a enviar una comisión rogatoria a Israel para que las autoridades qeu corresponda ofrezcan «datos del titular de la IP, números de teléfono, dirección de facturación, otros teléfonos asociados, nombre y apellidos, documentación aportada para dar de alta la línea 46.19.85.144, así como los datos del titular del teléfono +972546038522. El informe policial, por su parte, insistía en que el rastro del dinero se diluyó rápidamente, lo que hace «muy complicado y lento seguir sus rastro» dado que las cooperaciones judiciales internacionales «tienen que seguir muchos filtros y ralentizan el proceso».

El magistrado cree que dado que se investiga un presunto delito de estafa continuada, y habida cuenta de la gravedad del delito agravado por la cuantía, las comisiones on «proporcionadas y absolutamente necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores, siendo la única medida de investigación posible al haberse empleado para su comisión números ocultos no rastreables cuentas de correo abiertas desde Israel, y varios elementos dirigidos a dar anonimato a las personas que han efectuado el engaño».

La pandemia, que paralizó la actividad judicial, y la sobrecarga de trabajo en el instrucción 18, que suele encargarse de temas que requieren mucho trabajo (hasta enero llevaba la causa del pitufeo, ahora cerrada de forma provisional), ha retrasado el devenir de la investigación, que apenas ha avanzado desde que se abriera a finales de 2019. Ha terminado, de hecho, el juicio por el despido de Zafra, aunque la EMT ha recurrido, y el 18 lleva año y medio de instrucción. La exdirectiva permanece como única investigada, y CaixaBank, como responsable civil subsidiaria. Aunque no se descartan nuevas imputaciones, lo cierto es que el titular del 18 por el momento no ha encontrado indicios que apunten a ninguna otra culpable dentro de la empresa. Las conclusiones de la comisión de investigación tampoco, aunque sí recomendaron el cese de la exjefa de Gestión, María Rayón, que finalmente fue degradada pero no despedida de la empresa municipal de transportes.