El informe sobre el nombre de la ciudad defiende la grafía y la pronunciación Valéncia: «Es como lo decía Jaume I»

El estudio técnico parte de una premisa esencial: la pronunciación real de los habitantes del municipio es el criterio principal que determina la forma oficial de un topónimo, de acuerdo con los criterios internacionales aplicables en esta materia. En el estudio, Abelard Saragossà demuestra que en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, desde Els Ports hasta la Vega Baja, la población pronuncia de manera unánime «Valéncia», con la vocal tónica cerrada. «Por tanto, la grafía que corresponde a esa pronunciación es Valéncia. Si los valencianos decimos Valéncia, ésa debe ser la forma oficial», señala. Como apunta Saragossà, «la Acadèmia Valenciana de la Llengua ya fue por ese camino cuando en 2021 rectificó la grafía l'Ènova por la que dicen sus habitantes, l'Énova, a petición del Ayuntamiento de esa localidad. El nombre 'Valéncia' se encuentra en la misma situación. Ha sufrido un siglo de presión para adoptar la vocal que dicen 'las variedades orientales'. Es hora de superar la aprensión 'Valéncia = castellanismo', dignificar la vocal histórica y aplicar el primer principio internacional de la toponimia: si las poblaciones valencianas dicen 'Valéncia' desde Vinaròs hasta Crevillent, hay que actuar como en l'Énova».

Saragossà traza igualmente la evolución histórica del topónimo desde sus orígenes hasta la actualidad, desmontando la teoría de que la forma «Valéncia» sea una castellanización reciente. La transformación de la vocal tónica «è» abierta en una «é» cerrada ya estaba plenamente asentada en la Edad Media. La evolución fonética del topónimo siguió un proceso natural dentro de la lengua valenciana, sin influencia de castellanismos ni de otros fenómenos de asimilación externa. Así, su actual pronunciación no responde a una «contaminación lingüística», sino al desarrollo fonético propio del valenciano a lo largo de los siglos: «Ni 'València' es la pronunciación histórica valenciana ni 'Valéncia' es una supeditación al castellano». Es más, a pesar de que a finales del siglo XIX comenzó a cambiarse la vocal tónica de los sustantivos comunes acabados en «-éncia» por «-ència», «dicha variación no afectó al nombre propio 'Valéncia', a causa de la autonomía de los topónimos», manteniéndose incólume su pronunciación en todo el territorio valenciano, «desde Vinaròs en el norte hasta Crevillent en el sur». En suma, «desde la época de Jaime I en las poblaciones valencianas hemos dicho Valéncia, de forma que el acento debe ser, en consecuencia, cerrado».

Saragossà repasa, a continuación, las diversas anomalías existentes en el expediente del cambio de denominación impulsado en el año 2016 por el anterior Gobierno municipal (de Valencia a València). «La primera anomalía fue presentar como obvia una cuestión que no lo era: la grafía 'València'. La segunda, no incluir en la documentación un informe que razonase adecuadamente el cambio propuesto, tal y como exigía el Decreto 58/1992», entonces en vigor. Una circunstancia que habría impedido, a su juicio, alegar de manera apropiada en la fase de exposición al público a los ciudadanos y entidades interesados. Y cuando por fin se presentó el citado informe en octubre de 2016, a requerimiento de la Generalitat, éste se limitó a reproducir la contestación a las alegaciones. Como consecuencia de lo anterior, «el primer resultado negativo del proceso global fue una valencianización inestable (València), que podía cambiar cuando los 17 regidores que gobernaban bajaran del 51%, un hecho producido al cabo de siete años (en 2023). El segundo efecto fue más profundo: en lugar de contribuir a curar y a superar la fractura social valenciana por el modelo lingüístico y por los símbolos del pueblo valenciano, el camino descrito lo alimentó».

Uno de los apartados más contundentes del informe es, sin duda, el análisis crítico del informe emitido por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en el marco del anterior procedimiento administrativo. En opinión de Saragossà, la AVL no realizó un estudio fonético exhaustivo sobre la evolución del topónimo. Tampoco aplicó el criterio de prevalencia de la pronunciación local de sus habitantes, destinatarios de la normativa lingüística, a pesar de que la normativa internacional así lo exige, centrándose exclusivamente en la ortografía, sin valorar adecuadamente la dimensión social y fonética del nombre de la ciudad.

En opinión de Saragossà, la AVL ni enumera ni aplica los criterios internacionales en el orden adecuado, relegando el primero de ellos (la pronunciación de los habitantes) al último lugar; califica a los que dicen «Valéncia» (los valencianos y una parte de los catalanes) como una «minoría», a pesar de no serlo; desconoce las particularidades de los topónimos frente a los nombres comunes; e ignora el periodo histórico entre 1700, cuando aparece la acentuación, y 1939, considerando únicamente los años en los que la influencia del modelo catalán (que usa «València») llega a la mayor parte del valencianismo (1939-2016).

El estudio, de más de un centenar de páginas, dedica, asimismo, un apartado a analizar las consecuencias pedagógicas, sociales y psicolingüísticas derivadas del mantenimiento de la forma oficial «València», en contradicción con la forma real hablada por la población valenciana. En el ámbito educativo, este desajuste genera inseguridad lingüística en los estudiantes y contribuye a la percepción de que el valenciano es una lengua «artificial» o «alejada de la realidad». Ahora bien, como señala Saragossà, esta incoherencia no sólo afecta a la población escolar, sino que se extiende también a la ciudadanía en general.

Así, la falta de correspondencia entre la lengua oral y la lengua oficial escrita provoca desafección hacia el uso del valenciano escrito, al generarse dudas sobre la corrección lingüística, lo que en última instancia repercute en el grado de uso social del valenciano. El autor advierte también de las consecuencias de esta situación en términos de identidad colectiva y autoestima lingüística. La contradicción entre la lengua oficial y la lengua real genera un sentimiento de desconexión identitaria que puede derivar en procesos de inhibición lingüística: la gente evita hablar o escribir en valenciano por miedo a equivocarse.

Por ello, Saragossà hace un llamamiento al consenso, a fin de «revertir el proceso actual de división entre valencianos, iniciando una ruta serena, pero constante hacia una base compartida en los símbolos y en la lengua. El mantenimiento de la sociedad valenciana exige que haya una base común o transversalidad en el nombre del valenciano, en la interpretación de su naturaleza y en la asunción del modelo lingüístico». Ahora bien, «para que el modelo lingüístico valenciano tenga éxito social, necesitamos un modelo ecuánime. Y una exigencia de ese modelo es no separarnos innecesariamente del valenciano vivo».

«En ese camino, cada partido político debería defender y aplicar su ideología, pero en el marco de la búsqueda de un proyecto social valenciano que resulte más satisfactorio que el actual y que lo sea para todos. Actuando de esa manera, no habría ninguno vencido; sólo un vencedor: el pueblo valenciano. Si se consiguiera unanimidad en el acento de 5 Valencia sería un éxito para todos los valencianos. Y, si no se lograra la unanimidad, tendría que ser una mayoría la que garantice la estabilidad. La lengua propia de un pueblo y sus símbolos han de tener una asunción y una defensa transversales», finaliza.

En lo que respecta a la versión adaptada al castellano, «que tiene que ir por ley en segundo lugar, ésta no requiere ningún estudio, es un derecho de cada ayuntamiento valenciano». Así, «es competencia del Ayuntamiento de Valencia decidir si adopta una forma para el castellano ('Valencia'). Es una posibilidad legal de cada ayuntamiento valenciano, para la cual no necesitan ningún estudio (y la Acadèmia Valenciana de la Llengua tiene la obligación de aceptarlo). Los partidos políticos del Ayuntamiento de Valencia lo tendrían que tratar de una manera franca y con voluntad de entenderse y de llegar a un acuerdo».

A este respecto, el artículo 4 del Decreto 69/2017 establece que «la forma oficial de los municipios podrá ser en valenciano o en castellano, según la zona de predominio lingüístico donde estén ubicados, o en las dos lenguas. En el caso de la aprobación de la doble denominación oficial en las dos lenguas o las denominaciones oficiales bilingües, los dos nombres aparecerán separados por una barra, de acuerdo con el siguiente orden: a) En el caso de los municipios cuyos territorios sean de predominio valencianohablante, en primer lugar irá la denominación en la forma valenciana, seguido de la barra y el nombre en castellano».