El botellón y el vandalismo, sin respuesta del Ayuntamiento

La nueva ordenanza de civismo presentada por la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, el pasado mes de junio no verá la luz este mandato. Así lo confirmó ayer la misma edil, quien reconoció que han sido las reservas de la Asesoría Jurídica Municipal las que han forzado a enviar de nuevo el texto a la Cátedra de Seguridad Ciudadana de la Universitat de València (UV), encargada junto al Consistorio de la redacción del texto final para su aprobación.

La concejala Menguzzato presentó en verano pasado el nuevo texto, que había de poner solución a determinados problemas que sufren los barrios de la ciudad relacionados con la convivencia, como el botellón, el vandalismo o la mendicidad proactiva, que es como se llamaba en el texto a los gorrillas. La presentación hablaba de un inicio inminente de los trámites dentro del propio Consistorio en vistas a aprobar el texto incluso antes de que terminara 2018. La nueva ordenanza se estaba elaborando ya desde abril del ejercicio anterior.

Sin embargo, algo ha pasado en el seno del Ayuntamiento. Una vez envió Protección Ciudadana el texto a la Asesoría Jurídica Municipal, por donde han de pasar todas las ordenanzas antes de salir a exposición pública, los abogados se encontraron con un problema. Y no fue precisamente el exceso de trabajo, pese a que todos los textos legales se han acumulado a final de la legislatura según explican fuentes conocedoras de la situación. El problema tiene que ver con la «medida estrella» de la ordenanza de Menguzzato: la convalidación de algunas sanciones por cursos de reeducación en los que también estarían implicados los padres del menor sancionado, una medida que iba dirigida, sobre todo, a combatir el botellón.

Menguzzato destacó ayer la dificultad que está teniendo «encajar» en una ordenanza la parte formal de la imposición de denuncias, con la parte de «novedad» que supone que en vez de pagar las multas, los actos incívicos tengan consecuencias en forma de voluntariado o formación. Según recordó el documento tuvo una «acogida estupenda» cuando se presentó a vecinos, comerciantes y hosteleros, e indicó que es un texto «vivo» y una «buena propuesta para transformar los conceptos de civismo que tenemos en esta ciudad».

La futura ordenanza, con todo, va en la línea de otras normas, como la Ley contra el Alcohol que está estudiando el Congreso de los Diputados. El texto prevé medidas como sanciones económicas a los progenitores de los menores que beban alcohol, asistencia a cursos de reeducación (padres e hijos) y la posible aplicación de la «normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor». En la práctica esta cuestión supondría que, si se produce una reincidencia grave de consumo por los adolescentes y una actitud negligente de los padres, se podría llegar a activar el mecanismo de retirada de la custodia a los padres y la asunción de la tutela por parte de la administración.

Estas medidas, muchas de ellas propuestas en la nueva ordenanza, se han encontrado con las reservas de los abogados, lo que ha motivado que el texto vuelva a la UV y se quede, así, sin fecha al menos para esta legislatura. Menguzzato se mostró convencida de que podrá retomarse a partir de mayo, cuando esperan reeditar el tripartito y continuar con trabajos que han quedado sin terminar, como por ejemplo esta ordenanza. Algunos barrios, como la Creu Coberta o el entorno de plazas como Xúquer u Honduras, han cargado contra el Consistorio este mandato por la inacción en el control del botellón, que ha provocado sonoras protestas de los residentes incluso en el debate del estado de la ciudad.