Aumsa abrirá una oficina para aportar soluciones a individuales a los inquilinos de alquileres asequibles en Valencia

Giner ha indicado que se va «a convocar un Consejo de Administración, para el próximo viernes 26 de enero, para abordar de manera completa los alquileres asequibles de las viviendas municipales que le corresponden a esta empresa municipal».

El concejal ha recordado que el nuevo equipo de gobierno, «desde que llegó al Ayuntamiento, no ha dejado de trabajar en uno de los compromisos de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y que es el de poner a disposición de la ciudadanía, durante esta legislatura, más mil viviendas públicas para dar respuesta a la demanda de la sociedad valenciana».

En este sentido, Giner ha señalado que con esta finalidad se adquirió, en julio de 2023, el edificio de Safranar con 131 viviendas y, en agosto, «mantuvimos una reunión con la Federación de Empresas Promotoras de la Comunitat Valenciana para potenciar la colaboración público-privada que permita la construcción de esas 1.000 viviendas públicas».

Las críticas no se han dejado esperar por parte de la oposición. La portavoz del PSPV, Sandra Gómez, ha explicado que los socialistas presentaron una moción «para frenar el subidón y el sablazo en el precio del alquiler que se ha aplicado a los inquilinos».

Gómez ha indicado que la respuesta dada por el gobierno de Catalá «es que este tema se debatirá en el consejo de administración de Aumsa, pero en ningún momento hablan de abordar el tema de descuentos. Hablan de normas de acceso para ser inquilinos de Aumsa y que buscarán soluciones individuales, con una especie de favoritismo, no sabemos si porque quieren ver si los inquilinos tienen el carnet del PP para pactar la rebaja».

La portavoz del PSPV lamenta que no se hable de qué criterios se van a seguir para dar las soluciones individuales, «no sabemos si es que quieren repetir el ridículo del 'besamanos' de la firma de viviendas en alquiler que hicieron».

Del mismo modo, Gómez opina que resulta «sorprendente que hablen de aplicar la ley del Ministerio de Vivienda para declarar algunas zonas tensionada, cuando hace seis meses la alcaldesa ya frenó esta iniciativa».

Y añade que son numerosas las mociones e iniciativas presentadas por el PSPV «sobre zonas tensionadas y el PP siempre ha contestado con un rotundo no. Dicen que no son partidarios de regular el mercado, pero es incongruente que ellos den el subidón al alquiler público».

Desde Compromís también se han pronunciado. La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha pedido a Catalá que continúe la tramitación que inició el anterior alcalde, Joan Ribó, para declarar Valencia ciudad tensionada por los precios del alquiler, y le ha instado a hablar «hoy mismo» con Mazón con el objetivo de que la Generalitat declare «toda la ciudad de Valencia como zona tensionada por los incrementos de los precios de alquiler de viviendas», lo que permitirá aplicar la nueva ley que regula el acceso en la vivienda con una serie de medidas para evitar burbujas de precios, como topar los incrementos del alquiler.

«Desde Compromís creemos que hay motivos de sobra para pedirlo circunscrito a la totalidad del término municipal, ya que en todos los distritos se dan las condiciones para poder delimitar zonas tensionadas, como los incrementos de precios por encima de un 5 % sobre las variaciones del IPC o que las cuotas de alquiler suponen un 40% de los ingresos familiares», ha explicado Robles.

Robles ha recordado que los datos hablan por sí mismos. Según algunos estudios, los precios de los alquileres en Valencia han aumentado más de un 130% y las familias deben destinar un 40% de su salario a la vivienda. «Cuanto más se retrase el gobierno municipal al ponerse manos a la obra, será peor y podemos encontrarnos en escenarios en que se esté expulsando a las personas más jóvenes a vivir fuera de la ciudad de Valencia», ha apuntado Robles.

Por último, la portavoz valencianista ha insistido en que «esta declaración de zona tensionada debería afectar a toda la ciudad, porque cualquier otra solución será ponerle parches al problema y no ponerle soluciones reales. Se trata de una situación que es necesario solucionar de manera urgente y que no puede esperar más por parte de las administraciones públicas».