Un asesor del PP lleva al Ayuntamiento a juicio por el bloqueo a los pisos turísticos

«El proyecto es legal tanto desde el punto de vista de la legalidad urbanística como también de las exigencias en materia arquitectónica. Pese a ello, la Administración demandada acordó suspender la tramitación del expediente de licencia en fecha de 30 de diciembre de 2024. Para ello, esgrime un único motivo: que el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, en fecha de 28 de mayo de 2024, habría acordado aprobar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de edificación para implantación de nuevos usos terciarios hoteleros. Sin embargo, dicha suspensión no afecta al proyecto de mi mandante, pues así lo reconoce la dicción literal del acuerdo plenario municipal, que excluye a los inmuebles clasificados como terciario exclusivo», indica la demanda. Un juez deberá ahora dirimir si la moratoria prevalece sobre la petición del abogado Soriano.

El letrado, además, aporta a la demanda un correo del jefe del servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia, Fernando Belenguer, en el que según Soriano el funcionario reconoce que los apartamentos que quiere plantear el representado del letrado son legales. «En ese correo, Fernando Belenguer, en respuesta a la arquitecta Nuria Moya, le indica que es correcto considerar como terciario exclusivo los locales de mis clientes y que, por lo tanto, no les afecta la moratoria. Sin embargo, le hace notar que -por una decisión política- en breve se aprobará una nueva normativa más restrictiva que, no obstante, no afecta a mis mandantes en la medida en que solicitaron sus licencias con antelación», indica la demanda.

Además, Soriano se sirve de declaraciones públicas del concejal de Urbanismo, Juan Giner, en las que según el abogado «manifiesta pública y reiteradamente una animadversión política feroz a los denominados impropiamente como apartamentos turísticos, haciendo gala de su esfuerzo por limitar estos proyectos, lo que habría justificado su proceder ilegal para evitar que mi mandante, uno de los principales actores del sector, implantara los hoteles-apartamento pese a su total legalidad urbanística, para así evitar el perjuicio político que conllevaría aceptar esos proyectos».