Un informe jurídico cuestiona la cesión de una base de La Marina al Consell

El informe de la asesoría jurídica, emitido el 21 de octubre, considera que «procede estimar el recurso» que presentó el Grupo Municipal Popular, partido que denunció que no se podía ceder por 50 años, cuando el máximo marcado en la normativa es de 30 años, y que no se podía adjudicar de forma directa si no está debidamente justificado, algo que no hizo el gobierno local.

El informe del servicio jurídico es preceptivo, pero no vinculante, y deja en manos de la junta de gobierno que se acepte o no, pero deja claro que estiman el recurso del PP sobre la adjudicación aprobada el 15 de julio a Labora con el visto bueno de Compromís, pero curiosamente sin contar con el apoyo del PSPV como socio de gobierno.

Los servicios jurídicos se apoyan en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, concretamente en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, y en el artículo 185 LRLCV para detallar que «corresponde a las Entidades Locales regular la utilización de sus bienes patrimoniales, de acuerdo con criterios de rentabilidad».

Se recuerda que «los contratos para su explotación se adjudicarán teniendo en cuenta la oferta económica más ventajosa, sin que el precio sea el único criterio a tener en cuenta» y que sólo se puede hacer una adjudicación directa «por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación».

Y acto seguido se afirma que «las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente», algo que no se produce.

Incluso en el informe se detalla que «en todo caso, el usuario -en referencia a Labora- habrá de satisfacer un precio que no puede ser inferior al 6% del valor en venta de los bienes».

Hay que recordar que la cesión de esta base fue aprobada el 15 de julio de 2022 en junta de gobierno sólo por Compromís, no por el partido socialista, que lo rechazó.

Entonces el gobierno local dio el visto bueno a la cesión de la planta baja y la primera planta del edificio de la antigua base de Alighi, con un espacio de 2.100 metros cuadrados, a Labora. Y que se acordó que Labora abonara casi 4.700 euros al mes, un 40% menos de los que abonaría una empresa, al tratarse de un ente público.

No hay que olvidar que el 19 de septiembre un informe jurídico municipal ya estimó parcialmente el recurso de reposición del PP, reconociendo que no se podía ceder por hasta 50 años con prórrogas incluidas, sino por un máximo de 30 años.

Ahora el informe jurídico municipal del 21 de octubre reconoce que la adjudicación directa «deberá justificarse suficientemente en el expediente» y que «habrá de satisfacer un precio que no podrá ser inferior al 6% del valor en venta de los bienes» y concluye estimando el recurso del PP.

Una vez conocido este informe, que no es vinculante, la portavoz del PP, María José Catalá, afirma que «estamos a un paso de frenar la cacicada del gobierno de Ribó de adjudicar a dedo el edificio del Alinghi a Labora para que los altos cargos de la Generalitat tengan despachos con vistas al mar».

Añade que «esperamos y confiamos en que Compromís y el Partido Socialista atiendan el informe de asesoría jurídica, que es por cierto, de hace 13 días, y que den carpetazo a este asunto».

La portavoz del PP ha reiterado que la Marina tiene que ser un foco de atracción de empresas, el barrio innovador por excelencia y las administraciones no pueden convertirlo en sedes de despachos para altos cargos«.

Sobre esta polémica, el vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, ha afirmado tras la junta de gobierno que desconocía este informe del servicio jurídico municipal. «Estudiaremos las opciones cuando veamos el informe porque no vamos a hacer declaraciones de política de ficción».

A pesar de ello, Campillo ha recordado «entre administraciones públicas la cesión de edificios está perfectamente tipificada». Y ha añadido que «hemos cedido una de las naves del Parque Central para el IVAM y no se hace concurso público porque entre administraciones se pueden ceder edificios para uso público».