El fiscal pide a Les Arts que detalle en qué gastó los 782.000 euros del Puerto de Valencia

La investigación sobre irregularidades en el Puerto de Valencia sigue su curso en el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia. Las pesquisas se dividen en dos piezas. Por un lado, el cobro de sobresueldos por parte de los cinco imputados de la empresa Valencia Plataforma Intermodal (VPI) y por el otro, la gestión más directa del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar. En esta segunda pieza, la investigación lejos de acercarse a su fase final, cada vez parece que se alargará más en el tiempo. El reciente informe de la Intervención General del Estado, solicitado tras la declaración como imputado de Rafael Aznar, ha llevado al fiscal a seguir ahondando en algunas irregularidades detectadas. En concreto, en la aportación de cerca de 782.000 euros de la Autoridad Portuaria al Palau de les Arts durante seis años (2006-2012).

El responsable del ministerio público quiere averiguar en qué cuentas se ingresaron esas cantidades y, quizá lo más importante, a qué se destino el dinero. El ministerio público pretende aclarar si con esas cantidades se financiaron actuaciones, se pagaron nóminas o se emplearon para gasto corriente.

El Puerto explicó en su día que estas colaboraciones eran habituales no sólo con Les Arts sino con otro tipo de asociaciones que se encontraban en las proximidades del recinto portuario porque contribuían a mejorar la imagen de la ciudadanía sobre la APV. Estas explicaciones, no obstante, no parecen suficientes para la acusación a la hora de justificar esta importante inyección económica a lo largo de seis años.

Cada ejercicio se entregaban 120.000 euros, según el último informe de los peritos. Llama la atención que la APV dejó de prestar esta colaboración al auditorio operístico tras recibir una orden de Puertos del Estado. Desde 2012 ya no se inyecta dinero a la entidad. También contribuyó a esta decisión el primer informe de la Intervención (2009-2011) en el que se alertaba de esta irregularidad.

Ahora será el Palau el que deba responder a esta petición. El coliseo también se ha visto salpicado en las últimas fechas por la sombra de la corrupción. La intendente Helga Schmidt y otro alto cargo, Ernesto Moreno, fueron detenidos y están imputados en una causa abierta por malversación, prevaricación y falsedad.

El informe de la Intervención, tal y como informó LAS PROVINCIAS, cuantificaba otras deficiencias detectadas, como las aportaciones a un fondo social para empleados fuera de convenido que carecía de cobertura legal. En total, 248.000 euros. O las cantidades que percibió Rafael Aznar por indemnización por vivienda, que rondan los 70.000 euros a lo largo de varios ejercicios. El Ministerio informó que no podía percibir esa compensación y en los últimos años no se ha visto beneficiado.

La otra pieza, la de los sobresueldos, parece algo más adelantada. Falta todavía la declaración del Abogado del Estado Fernando Llopis quien también se encuentra imputado por cobrar por servicios de asesoramiento prestados a Valencia Plataforma Intermodal, una empresa participada al 98% por la APV y que resulta desde su origen deficitaria. No hay fecha para la comparecencia de este profesional al que el resto de denunciados culparon de que autorizara el cobro de los sobresueldos y nunca les alertara de que estaban incurriendo en una ilegalidad.

Denuncia de Anticorrupción

La denuncia inicial de la Fiscalía Anticorrupción, aparte de la "grave" irregularidad anterior, recogía que la sociedad no se ajustaba a las normas de austeridad que deben presidir la gestión del sector público. Incidía en la contratación de una empresa de seguridad sin concurso público por más de 130.000 euros al año cuyo contrato se había ido prorrogando ejercicio tras ejercicio. También se ponía el acento -negativo, claro- en el personal contratado por esta empresa. Aseguraba la Intervención que la plantilla era de 13 trabajadores, pero sólo tres de estas personas habían sido elegidas por los criterios de mérito y capacidad que deben presidir la administración.

El asunto de los sobresueldos parece agotado tras los respectivos informes. El dinero percibido de manera irregular desde 2009 a 2011 ha sido devuelto por Aznar, los directivos y el trabajador. Falta la cantidad retribuida durante los anteriores ejercicios (2004 a 2008). El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, cobró entonces 90.900 euros brutos. La información ha sido remitida al Tribunal de Cuenta por si considera que debe reclamar el reintegro de estas cantidades. La Abogacía del Estado podría personarse en la causa en las próximas semanas tras el ofrecimiento que se realizó desde el juzgado de Instrucción. Ya se ha elevado consulta a Puertos del Estado al respecto. Las fuentes consultadas dan por hecho que concurrirán en el procedimiento abierto.