El juez abre juicio contra el acusado de asesinar a Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela
El magistrado instructor de la causa fija una fianza de 350.000 euros para asegurar la responsabilidad civil del procesado
El juez instructor de los casos de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas ha decretado la apertura del juicio oral tras señalar como órgano competente el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia, y ha fijado también una fianza de 350.000 euros, una cantidad de dinero que deberá pagar el acusado por su responsabilidad civil.
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Con este auto dictado por Juan Luis Beneyto, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, comienza la cuenta atrás para la celebración del juicio por los homicidios de las tres jóvenes.
El juez afirma textualmente que existen «indicios racionales de criminalidad contra Jorge Ignacio P. J. por tres delitos de homicidio/asesinato, entre otros, cuanto menos bajo dolo eventual y con base a los indicios que se deducen de todas las diligencias practicadas».
La exhaustiva investigación de la Guardia Civil y los testimonios de las distintas víctimas evidencian que sufrieron «la introducción de cocaína en su vagina y ano, sin su consentimiento, circunstancia que derivó en que muchas de ellas sufrieran problemas de pérdida de conocimiento o alteraciones psíquicas o físicas, y tres de ellas acabaran falleciendo», según el auto.
El presunto homicida reiteró esas prácticas sexuales, «conociendo sus consecuencias letales y asumiendo el posible fatal resultado que derivó en el fallecimiento de tres de sus víctimas», señala la resolución judicial.
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Los encuentros sexuales con las 11 víctimas se produjeron en un periodo inferior a un año y medio, entre el verano de 2018 y el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que murió Marta Calvo en una vivienda de la localidad de Manuel. El cadáver de la joven aún no ha sido localizado pese a los operativos de búsqueda que ha realizado la Guardia Civil en la macrovertedero de Dos Aguas y otros lugares.
Jorge Ignacio P. está acusado de una treintena de delitos como presunto autor de la muerte de tres mujeres y de las intoxicaciones con cocaína y delitos contra la indemnidad sexual de otras ocho víctimas. Estas jóvenes sobrevivieron a la práctica sexual conocida como fiesta blanca (sexo con cocaína), aunque el procesado introducía la droga en los genitales de las mujeres sin que ellas dieran su consentimiento.
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La Fiscalía de Valencia pide para el acusado una condena de 130 años de prisión, una de las mayores penas conjuntas solicitadas en la historia de la justicia valenciana en un caso penal. Los abogados que representan a los padres de Marta Calvo y las familias de Lady Marcela y Arliene Ramos solicitan prisión permanente revisable, la máxima condena privativa de libertad en España.
La defensa del presunto asesino en serie pedirá en el juicio la libre absolución de su representado, aunque en el caso de que fuera condenado solicitará «la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de toxicomanía», según el escrito que presentó en el juzgado la letrada que ejerce la defensa.
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Una condena de prisión permanente revisable supone cumplir de manera efectiva 20 años de cárcel –debido al gran número de delitos que las acusaciones atribuyen al procesado–, sin descontar ningún día, y posteriormente un tribunal tendría que revisar nuevamente las circunstancias del penado y valorar si cumple los requisitos necesarios para obtener la libertad.
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