Jueces valencianos claman contra el «previsible colapso» de los juzgados de violencia

El próximo viernes 3 de octubre entra en vigor la reforma legal por la que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán asumir también las competencias en materia de los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, así como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina. Un total de 123 jueces de todo el país, una veintena de ellos de la Comunitat Valenciana, han firmado un escrito en el que vuelven a alertar del «previsible colapso» de los juzgados de violencia, ya que no se han creado las plazas prometidas ni se cuentan todavía con los refuerzos a solo unos días de su entrada en vigor.

Este anuncio sobre las nefastas consecuencias que puede acarrear este aumento de competencias para los juzgados especializados de violencia si no se dota de más personal y se crean más juzgados no es nuevo. El pasado 8 de marzo de 2025, 108 magistrados y magistradas destinados en estos Juzgados emitieron un comunicado en el mismo sentido «con objeto de trasladar a la ciudadanía las nefastas consecuencias que ello iba a suponer en unos órganos sobrecargados desde hace años, en los que, tras varias reformas legales, se les han ido otorgando nuevas competencias, sin que ello

haya ido acompañado de un aumento del número de jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer, sino que, por el contrario, en muchos casos lo que se ha hecho es concentrar en un solo Juzgado el trabajo que antes llevaban varios».

Los jueces firmantes de este nuevo escrito recuerdan que tras el comunicado de marzo se aseguró por parte del ministro de Justicia que se iban a crear un 50 % más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, y dotar de recursos allá donde fuera necesario.

«Pero la realidad es muy distinta. No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido - en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea-, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearán esas plazas, el 1 de enero de 2026», critican en el escrito. «Refuerzos que ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones», lo que supone a su entender, «nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales. Nada que implique su presencia física en los mismos».

Según aseguran estos veinte jueces valencianos y los más de un centenar del resto del país, «la realidad es que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas».

Según afirman, «tampoco han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica». Pese a todos estos problemas y falta de medios, los jueces de violencia van a seguir ofreciendo una atención especial a las víctimas porque precisamente la creación de estos juzgados especializados se hizo pensando en ellas. «La realidad es que, tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas».

Pero alertan del posible colapso que va a suponer el asumir mayor carga de trabajo si no va a acompañada de los medios necesarios. «La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente», vaticinan con preocupación por las víctimas.

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