El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
El acusado acepta una condena de 52 años de prisión tras reconocer las agresiones sexuales continuadas, cuatro violaciones consumadas y el delito de pornografía infantil
Con semblante tranquilo, como si el juicio fuera contra otro y el repugnante relato de hechos, que él mismo ha reconocido, no hubiera ocurrido nunca. Un hombre, vecino de un municipio del Camp del Túria que este periódico no revela para preservar el anonimato de la víctima, ha confesado esta mañana ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que violó durante años a su hijastra, desde que la menor apenas tenía seis años hasta cumplir los trece, y que además grababa dichas agresiones sexuales con distintas cámaras perfectamente ubicadas para tener distintos ángulos de visión, con las que además posteriormente la chantajeaba para que la niña siguiera accediendo a sus depravadas pretensiones sexuales.
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El acusado ha aceptado penas que ascienden a los 52 años de cárcel -de los 61 que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal- por un delito continuado de agresión sexual a menor de edad, otros cuatro delitos individuales de agresión sexual con acceso carnal a esta misma víctima, hija de su pareja, y un delito continuado de producción de pornografía infantil. Delitos por los que solicitaba condena la acusación particular, ejercida por la letrada Rosa Torrijos.
Los hechos declarados probados y reconocidos por el propio pederasta comenzaron a finales del año 2017 y principios de 2018, cuando la víctima tenía entre seis y siete años de edad. El procesado, mientras la madre de la menor dormía, subía a la habitación de la niña y le realizaba tocamientos por todo el cuerpo, en zonas como los pechos, el culo y la vagina, y le daba besos. Con el paso del tiempo estos tocamientos dieron paso a sexo oral. El ahora condenado por sentencia in voce grababa estos encuentros sexuales con la menor y la obligaba incluso a posar para él desnuda y en actitud sexual.
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Aunque la menor no era consciente de lo que estaba pasando inicialmente dada su edad y vulnerabilidad, con el tiempo empezó a negarse a ser partícipe de estos encuentros sexuales, pero su padrastro la amenazaba con difundir por internet las múltiples imágenes que tenía de ella desnuda. Por lo que la menor acababa accediendo a todos sus deseos. De hecho, cuando la víctima se negaba, el acusado la amedrentaba y chantajeaba con subir las fotografías sexuales de la menor a la red y que todo el mundo la viera desnuda.
Cuando cumplió diez años el procesado empezó a obligar a la menor a tener relaciones sexuales con acceso carnal, llegando a producirse hasta cuatro violaciones consumadas. El primero de estos episodios reconocidos por el acusado se produjo en febrero de 2022 cuando el acusado la hizo subir a su habitación y le dijo que «iban a hacer algo que a ella le iba a gustar mucho». Antes de ello colocó cámaras en distintos ángulos en la habitación para poder grabar la agresión sexual.
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El segundo episodio se produjo en enero de 2023 cuando la madre de la víctima se había ido de comida y en el domicilio se quedó el acusado junto a su víctima y los dos hermanos pequeños de esta ,de dos y seis años. A la hora de la siesta, cuando los pequeños se durmieron, el condenado llevó a la habitación de matrimonio a su hijastra y le dijo: «Vamos a jugar». De nuevo, pese a la negativa inicial de la menor, la víctima accedió finalmente por miedo a que su padrastro difundiera las fotografías y vídeos sexuales que le había hecho.
El tercer episodio se produjo en enero de 2023. En esta ocasión el procesado fue recoger a la hija de su pareja al instituto. Aprovechando que la madre no estaba ese día en el domicilio, cuando acabaron de comer, y sus hermanos estaban dormidos, la llevó de nuevo a la habitación y la penetró vaginalmente grabando dicha violación y haciéndole de nuevo fotos en posturas sexuales. El cuarto y último episodio se produjo a principios de febrero de 2023, también aprovechando otro momento en el que la madre de la víctima no estaba en casa.
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Según ha quedado probado, el condenado colocaba varias cámaras para poder tener diferentes puntos de vista durante dichas agresiones sexuales, llegando a almacenar un importante archivo de imágenes y vídeos sexuales en la nube virtual, tanto vídeos como cerca de 6.000 imágenes en los que la mayor parte eran de la propia víctima. Cuando la Guardia Civil procedió a su detención y realizó un volcado del contenido de sus dispositivos electrónicos, logró recuperar vídeos en los que se ve al condenado agrediendo sexualmente a la menor.
Además de todo ello, el procesado amenazaba a la menor, le decía que iba acabar con su vida, y le exigía que le enviara fotos para relajarse, accediendo a la niña a ello por el temor a que difundiera las imágenes y dada su vulnerabilidad. En mayo de ese año 2023, tras un nuevo episodio en el que la menor se negó, esta llegó a morderle en el brazo izquierdo a su agresor. Tras este episodio, la madre de la niña interpuso el 12 de mayo, una denuncia contra su marido ante la Guardia Civil por todo el calvario que le había hecho vivir a su hija desde los seis a los 13 años, como ahora ha reconocido el propio acusado.
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Retirada de la patria potestad
La Audiencia Provincial de Valencia condena al acusado a un total de 52 años de prisión, aunque el tiempo máximo efectivo de cumplimiento sean veinte años. Pasado ese plazo deberá cumplir otros veinte de libertad vigilada y se le prohíbe aproximarse a menos de mil metros de su víctima y comunicarse con ella por un plazo de 39 años.
Concretamente se le imponen once años de cárcel por delito continuado de agresión sexual a persona menor de 16 años y diez años por cada uno de los cuatro delitos de agresión sexual con acceso carnal. Así como un año más por un delito continuado de pornografía infantil.
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La condena también lleva aparejada la privación de la patria potestad de sus hijos durante veinte años y la inhabilitación especial durante el mismo periodo para ejercer cualquier trabajo, remunerado o no, que conlleve contacto con menores de edad.
En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a su víctima con 50.000 euros. El tribunal le ha concedido treinta días hábiles de plazo para que haga frente a esta indemnización que el acusado asegura que va a pagar con la inminente venta de un inmueble.
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