Reclaman una ley estatal que garantice las fuentes de agua potable en todos los municipios

Según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, entre el 16 de mayo y el 13 de julio de este año (algo más de ocho semanas de mucho calor) se han registrado 1.180 muertes atribuibles a las olas de calor, frente a las 114 del mismo periodo del año anterior. El 97% de ellas tenía más de 65 años y el 63% eran mujeres, «lo que muestra que el calor también tiene un impacto desigual», señala la CECU, que añade que, en este sentido, «las personas que trabajan en la calle o al sol, las que no tienen una vivienda acondicionada o eficiente o las que, por su nivel de renta, realizan un considerable esfuerzo económico si tienen que comprar agua cada vez que lo necesiten, son especialmente vulnerables».

En este contexto, la presencia de fuentes públicas de agua potable es fundamental para facilitar la hidratación de las personas. A pesar de ello, y según denuncia la CECU, en ciudades tan calurosas como Murcia solo existe una fuente de este tipo por cada 3.026 habitantes, tal y como recoge la Federación de Consumidores y Usuarios en su informe 'Análisis de la presencia de baños públicos y fuentes de agua en los municipios españoles'. La situación no es mejor en algunas poblaciones de la costa que, además, multiplican su población en verano debido al turismo. Es el caso de Santanyí o Gandía, que disponen de una fuente para cada 6.240 o 7.800 habitantes respectivamente.

El informe pone de manifiesto la desigualdad que existe entre los municipios en la prestación de este servicio. Por ejemplo, Huesca dispone de una fuente para cada 365 habitantes, Guadalajara de una por cada 378 y Cuenca de 1 para cada 396; frente a Girona, que cuenta con una por cada 4.012 habitantes, o Palma, con 1 para cada 3.112 habitantes. «Además de esta disparidad, más de la mitad de los ayuntamientos ni siquiera proporcionaron a CECU esta información, lo que, además de suponer un incumplimiento de su obligación de transparencia, denota la indiferencia que muestran respecto a este asunto», denuncia la Federación.

Para hacer frente a esta realidad, proteger la salud de las personas consumidoras y usuarias en todo el territorio y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, reconocidos por la ONU, CECU ha solicitado al Ministerio de Sanidad y a la Federación Española de Municipios y Provincias la aprobación de una norma estatal básica que imponga a los ayuntamientos un número mínimo de fuentes y baños públicos por habitante, con una distribución equitativa y con unos requisitos mínimos de accesibilidad e higiene.

«La protección de la ciudadanía no debe quedar al arbitrio de un determinado alcalde que, en muchos casos, prioriza la presencia de espacios privados como bares por encima de los derechos fundamentales de su ciudadanía», ha declarado Miguel Crespo, abogado de CECU. Desde la organización reiteran su compromiso para sacar adelante esta reivindicación fundamental para la protección de las personas consumidoras y usuarios.