Consumo ya ha retirado 65.000 anuncios ilegales de Airbnb
J. Munduate
Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:59
La batalla contra los anuncios ilegales de alquiler de pisos turísticos en la que el Gobierno lleva meses enzarzado parece que empieza a dar resultados. ... El 1 de julio empezó a ser obligatorio que alquileres turísticos y de temporada obtuviesen un número de registro para poder ejercer su actividad. Desde su puesta en marcha el mes pasado, en solo una semana el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recibió un total de 40.000 nuevas solicitudes de registro. Esta norma, fruto de un decreto que entró en vigor a principios de año, tiene como objetivo la regulación de este tipo de alojamientos a través de medidas como la puesta en común de datos entre plataformas de alquiler de corta duración y autoridades y la transmisión de información sobre los usos de las viviendas que se anuncian en ellas.
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De forma paralela, el Ministerio de Derechos Sociales, capitaneado por Pablo Bustinduy, logró hace apenas unos días que el gigante del alquiler vacacional Airbnb retirase de su web cerca de 65.000 anuncios sin licencia. Lo hizo después de que la multinacional recurriera la decisión ante la justicia en varias ocasiones y que los tribunales respaldasen la actuación del ministerio. Estos se suman a las 4.093 publicaciones ilegales que el ejecutivo obligó eliminar a Booking en junio pasado, la mayoría de ellos ubicados en Canarias. En contraste con Airbnb, desde el ministerio valoraron positivamente la actitud colaborativa mostrada por la plataforma.
A mediados de julio, Vivienda ya acordó con Airbnb la retirada de anuncios sin código y el envío mensual de datos desde el 1 de agosto. Junto a la eliminación de los pisos sin licencia, Consumo también denunció otras 54.728 viviendas que no disponían del número de registro oficial que están obligados a tener los apartamentos turísticos.
Los intentos del gigante estadounidense para evitar la retirada de sus anuncios ilegales contrastan con algunas de sus declaraciones sobre la nueva normativa de alquiler de corta duración, en las que presume de haber «liderado» las conversaciones a nivel europeo para que esta pueda aplicarse de forma «coherente» y «uniforme».
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