El exalcalde socialista de Villalonga, a juicio por contrataciones ilegales

El exalcalde de Villalonga, el socialista Enric Llorca, se sienta en el banquillo de los acusados durante los días 6 y 7 de julio en el Juzgado de lo Penal 1 de Gandia. El que fuera primer edil de la población de interior de la Safor tendrá que responder por un presunto delito de «prevaricación» y explicar por qué contrató a personas para trabajos municipales sin seguir las bolsas de contratación o atender los criterios establecidos para la selección de personal.

Llorca ha entrado, por tanto, en la situación más complicada en lo que a términos judiciales se refiere. El aún edil del PSPV se va a someter a juicio por lo que habrá una sentencia cuando todo acabe. El exalcalde fue denunciado por dos ediles ex socialistas, ahora concejalas de Fer Poble, una agrupación independiente que gobierna con el Partido Popular y que entre otras áreas gestionan el departamento de Personal.

El acusado accedió a la alcaldía en 2011 y gobernó con Compromís, pero esa bipartito acabó mal. En 2015 ganó con mayoría absoluta, pero las ediles Alicia Gomis y Lydia Reig tuvieron problemas con Llorca en el primer pleno de la legislatura. Eso hizo que el PSPV se quedara en minoría y los años de gobierno se volvieran una verdadera pesadilla para Llorca.

El que fuera alcalde se ha visto inmerso en varios procesos judiciales, algunos relacionados también con personal. Uno de ellos fue la contratación en 2011 de una persona afín al PSPV, un independiente que iba en su lista. Finalmente, quedó absuelto. Ahora tiene que hacer frente a la demanda de sus ex compañeras del PSPV y ahora rivales.

Ambas demandaron a Llorca al intuir que las contrataciones que se realizaban no se ajustaban a la realidad. El caso se investigó en un Juzgado de Instrucción de Gandia, donde tras tomar declaraciones al exalcalde, a las demandantes y varias personas relacionadas con las contrataciones, se concluyó que había indicios de delito.

Esto es lo que ha motivado la apertura de juicio oral. Durante la instrucción se hallaron indicios de que Llorca contrataba a dedo a vecinos de la población para trabajos municipales “sin tener en cuenta la bolsa de empleo”, como indicaba el escrito.

Es más, el magistrado que instruyó la investigación sospechaba que sus prácticas “podrían ser constitutivas de un delito de prevaricación y malversación continuada”. Las diligencias practicadas hablaban de “abundante” documentación que permitía “la apertura de juicio oral” y que sería “en esta fase donde se establecería la culpabilidad o inocencia” de Llorca.

Otro de los factores determinantes para la apertura de juicio ha sido que en la investigación se comprobó que Llorca era quien decidía a “quién contratar” y que eran sus ediles de Personal quienes firmaban los acuerdos, “todo ello sin atender a los principios de igualdad, publicidad, méritos o capacidad”. Según ha podido averiguar este periódico está previsto que pasen decenas de personas implicadas, sobre todo las contratadas.

Ante la llegada del juicio Llorca ha explicado que se siente satisfecho que de se celebre de “una vez”. “Ahora vamos poder explicar a un juez cómo trabajábamos y que nunca hicimos nada a mala fe ni para beneficiar o dañar a nadie. Nos pudimos equivocar en algo, como cualquiera, pero nunca hemos intentado prevaricar”. Es más, ha recordado que las ediles que le han llevado ante los tribunales lo han hecho porque no podían ganarle en las urnas. El PSPV fue la lista más votada en 2019 en Villalonga, pero se unieron Compromís, PP y las ex socialistas para gobernar. Los nacionalistas abandonaron el ejecutivo hace unos meses por discrepancias con las concejalas Gomis y Reig, según ellos mismos han indicado.

Finalmente, desde Fer Poble han indicado que en Villalonga los vecinos han sufrido la actitud “humillante de un alcalde”. “No tenían porqué depender de la voluntad del alcalde o de la amistad con algún miembro del gobierno para que se les ayude. O peor, no se pueden dar casos como los que conocemos, donde el alcalde humilla a vecinos que han ido a pedirle trabajo, diciéndoles que no piensa ayudarles porque hablan mal de él, o se juntan con personas que no son de su agrado”.

“Son docenas los escritos y las ocasiones en las que hemos denunciado estos hechos, también en el pleno, y continuaron con la contratación ilegal hasta el último día de su mandato. No han hecho caso de nuestras advertencias, lejos de rectificar se han burlado de nosotras, nos han difamado y nos han invitado a denunciar en la Fiscalía. Solo un dato: entre el año 2015 y 2016 la Secretaria Interventora advierte mediante reparo de legalidad al equipo de gobierno que sus contrataciones no se ajustan a derecho al menos en 30 ocasiones”, han finalizado las ediles de Fer Poble.

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