El juzgado de Carcaixent realiza fes de vida en el portal al carecer de ascensor para que accedan los ancianos

El juzgado de paz de Carcaixent se ubica en el primer piso de un edificio antiguo de la ciudad. Estas instalaciones públicas carecen de ascensor y su estado de conservación no es el idóneo para estas funciones. Así lo denuncian desde UGT Serveis Públics del País Valencià que ha presentado un escrito al Ayuntamiento de Carcaixent para denunciar la falta de mantenimiento del edificio que alberga el juzgado de paz y exigir soluciones para frenar el deteriorio de estas dependencias y asegurar un entorno laboral óptimo tanto para las trabajadoras y trabajadores como para las personas usuarias.

Personal técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat (INVASSAT) visitó el pasado miércoles el Juzgado de Paz de Carcaixent para revisar y evaluar las condiciones básicas de mantenimiento del órgano judicial. La última revisión que se hizo fue en septiembre del 2015 y desde entonces ninguna de las acciones pendientes se han llevado a cabo, lo que pone de manifiesto «una grave dejación y abandono por parte del consistorio municipal», han denunciado desde UGT.

El edificio, inaugurado en 1982, se ubica en la primera planta y sin ascensor, lo que dificulta el acceso de personas con movilidad reducida o personas mayores. Esto provoca que los ancianos que acuden a solicitar la fe de vida o de estado, un trámite muy habitual, no puedan subir a la oficina. Los funcionarios para poder realizar este trámite tienen que bajar al portal para comprobar los datos y que se firme la documentación oportuna. Todo esto fuera de las instalaciones y en un lugar no está acondicionado.

Pero esto no es el único problema que existe en este juzgado, el sindicato ha apuntado que también hay algunos extintores sin señalizar, la luminosidad en algunos puestos de trabajo no es la adecuada según la normativa, los dos botiquines existentes están vacíos, algunas estanterías están sin anclar, lo que puede provocar algún accidente inesperado. Por otro lado, el personal carece de formación básica en primeros auxilios y/o emergencia sanitaria, según la normativa.

Todas estas carencias fueron apuntadas por INVASSAT en el 2015, pero que nueve años después no se ha llevado a cabo ninguna acción al respecto. El sindicato considera muy preocupante el estado de las instalaciones del edificio y las condiciones en las que trabaja el personal.

Para Guillermo Sisternes, delegado sindical de UGT, que pudo comprobar todas estas deficiencias en la última visita del servicio del Invassat, «la solución inmediata pasa por trasladar al personal a un nuevo edificio judicial, en el que estén en mejores condiciones laborales de seguridad».

UGT advierte de que la responsabilidad recae sobre el Ayuntamiento, encargado de la infraestructura y de proporcionar los medios materiales adecuados.

Cabe apuntar que, además de las deficiencias en las instalaciones, la plantilla actual cuenta con solo tres funcionarios: un gestor en funciones de Secretario, una tramitadora y un auxilio judicial, número insuficiente si se atiende a la carga de trabajo existente y al número de habitantes con los que cuenta la población (22.000 habitantes aproximadamente.)

Hasta hace poco contaban con cuatro funcionarios, pero la Dirección General de Justicia decidió prescindir de un tramitador. El Secretario pidió un refuerzo y se les ha denegado. UGT ha solicitado a la Dirección General un refuerzo para el segundo semestre del año.

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