El socio de Francis Puig recurre su procesamiento: «El juez no ha instruido. Ha hecho un copia-pega del escrito del fiscal»

Adell Bover mantiene algunos argumentos que serían compatibles en un eventual recurso de Francis Puig, que todavía no se ha producido. Uno es la escasa implicación del juez instructor, que llegó casi a punto de cerrarse la causa. «Tomó posesión del juzgado con la instrucción ya finalizada y como se puede observar en el auto se trata de un copia y pega del escrito del Ministerio Fiscal». La resolución del juzgado, según la letrada, únicamente incluye el material que perjudica a los investigados pero no el que les beneficia. «Se basa en interpretaciones erróneas», resume.

El recurso señala que no se puede continuar una causa con el citado auto, que pone punto y final a la instrucción, con los mismos indicios que supusieron el inicio de un procedimiento. Sería necesario la consolidación de esos indicios o bien la ampliación. Pero lo que ha ocurrido en este asunto, según el recurso, es un sorpresivo cambio de la calificación jurídica: de un fraude de subvenciones a una estafa. El motivo es que no se superaba el fraude de 120.000 euros, requisito para acusar por el primero de los ilícitos. Y esto, según la defensa, impide dictar el auto recurrido. «Nunca se informó de una investigación por un delito de estafa».

El ahora procesado era el administrador de las mercantiles en el momento de recibir las subvenciones. Por eso se le citó en su momento como investigado. De igual modo, se queja la defensa de que no se hace una descripción de la actividad «concreta y penalmente relevante» del investigado. «En la mayoría de las cuestiones se habla de manera genérica o de las mercantiles, no de la intervención en esos hechos de mi mandante».

La Audiencia deberá ahora dar respuesta a este y al más que probable recurso de Francis Puig, que se presentaría los primeros días de septiembre. Algunos de los argumentos son compartidos por ambos investigados. La Sala deberá avalar los indicios incriminatorios para sentar en el banquillo a los procesados. En caso contrario, ordenará al magistrado el archivo de las actuaciones. Lo habitual es que respalde al magistrado y las discrepancias se planteen ya en la vista oral.

El juicio no se celebrará este año. La Audiencia puede tardar entre tres y cuatro meses en resolver el caso. Y luego se da traslado al juzgado para que abra juicio oral. El siguiente paso será poner fecha al juicio y ahí ya depende del calendario de cada tribunal. Una fecha razonable sería alrededor de la primavera del próximo año.

La defensa de Bover trata de evitar lo que se conoce como «pena del telediario». La causa arrastra un evidente interés mediático porque supone un cuestionamiento de la ejemplaridad de la etapa de Ximo Puig en el Consell. La tesis de la acusación es que mientras el líder del PSPV gobernaba la Generalitat, su hermano recibía subvenciones para el fomento del valenciano de manera ilegal. Para ello, aparte de que se financiaron conceptos que no resultan subvencionables, se falsearon facturas por servicios que, en realidad, eran inexistentes.