El sobrino de Blasco no pacta en su causa de corrupción y trata de anularla por ser una investigación prospectiva

Fue su letrado quien comenzó con las cuestiones previas. La primera, la habitual en los sumarios de corrupción. La nulidad de la investigación porque su origen tiene una naturaleza prospectiva, es decir, se abrieron unas diligencias en búsqueda de algo ilegal, sin saber ni intuir qué se pretendía. «A ver qué pescaban», describió.

La denuncia partió de diputadas de EU que, en opinión del letrado, no contiene ningún dato delictivo más allá de citar el carácter político de la familia o al empresario Augusto César Tauroni. La querella incluía otros aspectos como la construcción de dos hospitales de Perú o el programa Abucasis, de control de los historiales médicos. Estas dos piezas fueron archivadas tras respectivos informes policiales. Sólo esta investigación es la que ha llegado a la vista oral. «Ha sido una inquisición general», resumió.

La segunda cuestión previa es el «exceso» de la acusación. El letrado sostiene que los últimos autos del juzgado excluyen determinados hechos pero que, posteriormente, la Fiscalía ha incluido en su calificación. Respecto a esta cuestión, se pidió que se resolviera en esta misma sesión, antes del inicio del juicio.

La última de las peticiones es que se queden fuera determinadas informaciones que proceden de la instrucción del caso IVAM. Allí se obtuvieron datos de empresas que podían haber pagado viajes profesionales y personales de Blasco. La documentación se halló en el registro de un despacho para el que, según la defensa de Blasco, no existió orden judicial, circunstancia esta que excluye la doctrina del «hallazgo casual».

El representante legal ha pedido que su cliente no esté todas las sesiones del juicio porque está trabajando actualmente como director de un hospital en la República Dominicana. La obligatoriedad de asistir a todas las sesiones complicaría sus compromisos laborales, señaló.

La defensa del principal empresario que se sienta en el banquillo, Miguel Sanfélix, se ha sumado a los argumentos de Blasco. La acusación se basa en «vaguedades». La querella no debió admitirse a trámite. Pero se hizo y, a partir de ahí, se empezaron a buscar pruebas para sostener esa hipótesis, resumió como una de las principales quejas de la instrucción.

Solo una defensa se salió del guion compartido por el resto de letrados. Se trata de la abogada de una de las acusadas que ha adelantado la voluntad de su representada en colaborar con la Justicia. De hecho, ha pedido declarar la primera en la vista oral -sus compañeros de banquillo lo harán al final- e incluso ha consignado ya alguna cantidad en la cuenta judicial. Busca beneficiarse de las atenuantes, entre ellas, la de reparación del daño.

La Fiscalía, por su parte, negó que la investigación fuera prospectiva y recordó que la Audiencia ha ido ratificando el avance de las pesquisas durante la instrucción. La representante del ministerio fiscal recordó que la denuncia apunta a un entramado financiero ligado a dos empresarios que fueron relevantes adjudicatarios del consorcio del Hospital General. "No habla de prevaricación, pero da indicios", precisó la fiscal. Se refirió, por ejemplo, a un informe de auditoría que señala que en varios procesos de adjudicación no constan determinados requisitos.

Tras esto -recordó- el fiscal presentó la correspondiente querella dividida en tres piezas separadas. Comenzaron las diligencias para aclarar todo ese entramado de sociedades y las vinculaciones con Sergio Blasco, que participaba entonces en la construcción de dos hospitales en Perú.

Tampoco hubo, según la fiscal, una "extralimitación" de la acusación respecto a los hechos del auto de procedimiento abreviado, la resolución que pone punto final a la instrucción. Se trata de una diferencia de precisión, de exhaustividad, de un escrito respecto al otro, aclaró la fiscal.

Anticorrupción ha defendido la incorporación de la documentación que remitió el juzgado de Instrucción 21 sobre el caso IVAM. El juzgado de este caso comprobó que había una relación con el material del otro órgano y se amplió una denuncia. Eran fundamentalmente viajes de placer y otros supuestamente de trabajo pagados desde fundaciones públicas. Era un tipo de facturación genérica sin concretar destinos y beneficiarios, señaló la fiscal.

El tribunal, al final de la sesión, ha adelantado que resolverá todas las cuestiones planteadas antes del inicio de la siguiente vista, el próximo día 23, o en el inicio de esa sesión. De igual modo ha permitido que los acusados no asistan a todas las sesiones del juicio. Podrán, además, sentarse junto a sus representantes legales.

La trama de desvío de fondos del centro sanitario, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS, supuestamente funcionó a tres niveles. Por un lado, las grandes mercantiles, Out-log, Conectall Systems y Mantenimiento Integrales Turia, empresas solventes y con experiencia en el sector sanitario. En una década (2005-2014) han facturado 33 millones de euros a la Conselleria de Sanidad.

El segundo grupo son microempresas, de dos o tres trabajadores. Logran facturación de las primeras firmas (600.000 euros) y, a veces, del propio centro hospitalario. «Todas ellas están dirigidas por personas vinculadas personal o laboralmente con Sergio Blasco», indicó en su momento el juez. Y finalmente, en el escalón más bajo, son sociedades que carecen de estructura, pero canalizan ingresos de los dos estadios superiores de la trama.