Sánchez y Díaz revisten de victoria moral su derrota con la reducción de la jornada laboral

A pesar de que los socialistas trataron en su día de matizar el texto y los tiempos del proyecto impulsado por la vicepresidenta segunda –lo que le valió al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la acusación de «mala persona» por parte de Díaz– ahora, al filo de que la Cámara baja le aseste un golpe mortal, lo defienden como propio con un discurso similar al de la propia ministra de Trabajo. «Si hay una política prioritaria o una apuesta clara de este Gobierno desde el primer momento ha sido la mejora de las condiciones de la clase trabajadora de este país», adujo este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, horas antes de ver convalidada la ampliación de permisos parentales retribuidos.

En Moncloa creen que, como ocurrió ya con el real decreto ley ómnibus en el que coló la revalorización de las pensiones, el voto en contra de una medida de esta naturaleza tendrá coste, sobre todo, para el primer partido de la oposición. Y argumentan que recibir un varapalo a las primeras de cambio, ya en el primer pleno del nuevo curso parlamentario, no cambia nada ni, como pretende el PP, pone de manifiesto la inviabilidad de la legislatura. «Dentro de la complejidad del Parlamento hay una mayoría que apuesta porque este país siga avanzando frente a una minoría que apuesta por los claros retrocesos, en materia económica, laboral...», dijo incluso Alegría.

Aunque estos últimos días se han producido contactos entre la vicepresidenta Díaz y Carles Puigdemont, Junts ratificó este martes su voto en contra. La portavoz del partido, Míriam Nogueras, confirmó que mantiene la enmienda a la totalidad y tumbará la propuesta estrella de Yolanda Díaz. Nogueras evitó lanzar un aviso al Gobierno de cara a los Presupuestos, dijo que son carpetas «absolutamente separadas» y criticó que el Ejecutivo haya llevado el texto a votación en el Congreso sin haber llegado a un acuerdo con Junts y con la patronal y sí con los sindicatos.

Las diferencias son de calado. Los nacionalistas consideran que la reforma que propone el Gobierno puede perjudicar a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, a los comerciantes y puede provocar cierre de negocios y que el empleo se resienta.

Ante las críticas y las acusaciones de haberse plegado a la patronal, Junts se ha visto en la obligación de explicar su posición, como ya le ocurrió cuando se opuso a regular los alquileres de temporada. Nogueras, que no cierra la puerta a negociar la reforma, aclaró que desde un punto de vista teórico, los postconvergentes no están en contra de que se reduzca la jornada laboral a los trabajadores. Pero a su juicio, la ley pone en riesgo el estado de bienestar y más en concreto la viabilidad de negocios de pequeñas y medianas empresas. «Estamos a favor de la reducción de la jornada laboral, pero más aún de preservar el estado de bienestar y los puestos de trabajo», afirmó.

Según Junts, si el mercado y el modelo económico fueran más productivos y competitivos, su voto podría ser otro, pero, de momento, pone como ejemplo el nivel de absentismo para concluir que hoy por hoy la reforma legal «penaliza» a las pymes y las «empobrece». Los junteros habían reclamado algún tipo de compensación para el tejido empresarial catalán o que tuviera en cuenta la «singularidad» económica catalana.