Sánchez afronta la gestión de la parálisis

Frustrado por la escasa atención lograda por su anuncio de ruptura definitiva con el Gobierno, diez días atrás, el partido de Carles Puigdemont dio este jueves un nuevo golpe encima de la mesa y registró enmiendas a la totalidad contra todas las iniciativas del Ejecutivo pendientes de toma en consideración en el Congreso. Su actitud aboca la legislatura a la parálisis. Sin los siete votos de Junts no habrá, entre otras cosas, Presupuestos. Y a ese problema, que en realidad ya se daba por supuesto antes de la comunicación del divorcio, se une otro casi igual de relevante: también peligra el sostén de los fondos europeos.

Sánchez siempre ha minimizado la importancia de no haber sido capaz de aprobar unas nuevas Cuentas en toda la legislatura y su argumento económico –el asunto tiene otra derivada en términos de legitimidad democrática que el Ejecutivo insiste en obviar– es que la inyección de los fondos asociados al plan de recuperación de la pandemia, cuyo flujo concluirá a mediados de 2026, actúa como una suerte de «Presupuestos bis». Para que estos sigan llegando, no obstante, es necesario cumplir con una serie de hitos y objetivos que implican inversiones y reformas legislativas ahora en el aire.

El presidente presumió el viernes en Brasil de que, gracias a la acción de su Gobierno y «también a la de las Cortes Generales» España es el país que más fondos europeos ha ejecutado –en términos absolutos es, tras Italia, el que más dinero ha recibido hasta la fecha, aunque en porcentaje de ejecución haya otros muchos que lo adelanten–. Afirmó, además, que «eso va a seguir siendo así». Pero entre las leyes a las que Junts ha formalizado su veto hay algunas de la que dependen los desembolsos pendientes –cuatro–, aunque es cierto que el Gobierno ya preparaba una adenda al plan de recuperación para renegociar con la Comisión.

Algunas de esas normas son la ley de industria y autonomía estratégica, la ley para consolidar la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud o la ley para el control, la inspección y el régimen sancionador de la pesca marítima. Con todo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rebajó el mismo jueves, oído el órdago de Junts, la gravedad de la situación.

Es cierto que el Ejecutivo acaba de salvar gracias, precisamente, a un acuerdo con Junts (y una negociación 'in extremis' con Podemos) la ley de movilidad sostenible, con la que se jugaba 10.000 millones de euros de los fondos. Este jueves próximo, la norma regresará al Congreso desde el Senado, pero lo peor que puede pasar ya es que la formación independentista impida eliminar enmiendas introducidas por el PP para, por ejemplo, recuperar las indemnizaciones por retrasos del AVE o derogar el calendario de cierre de las centrales nucleares, que tampoco es un tema menor.

El Gobierno argumenta que, en realidad, nada ha cambiado y que su situación es básicamente la misma que hace dos semanas. Que tendrá que dejarse la piel negociando, aunque Junts ya haya dicho que no hay nada que negociar. «Nosotros haremos todo lo posible por llevar proyectos que les gusten. También al PP», dicen en Moncloa. «Un ejemplo, el real decreto ley de la dana o la futura subida de pensiones. Van a salir», aseguran. El problema de esa estrategia es dónde queda la agenda del Gobierno, su proyecto. «Lo tenemos y lo pondremos encima de la mesa; a ver qué pasa», esgrimen.

El PNV ha sido el primero de los socios parlamentarios en advertir de que por mucho que Sánchez se empeñe, llegar así a 2027 no es factible. El resto, de momento, aguanta. Pero el movimiento de Puigdemont también afectará a los equilibrios que el Ejecutivo mantiene con ellos. Para empezar, hace imposible aprobar la quita de la deuda y la reforma de la financiación prometidas a ERC (aunque esta ha sido tan descafeinada por la ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que difícilmente satisfaría a los republicanos).

Los intentos de congraciarse con Junts son también peligrosos. Este jueves, los socialistas se apresuraron a reactivar la tramitación de la ley contra la multirreincidencia, propuesta por los postconvergentes pero rechazada por toda la izquierda. De salir adelante, sería con el PP y el PNV. Sumar, Esquerra o Bildu la rechazan, como rechazan la propuesta posconvergente para agilizar el desalojo de los 'okupas'.