Las quejas al Consell de Transparencia disuaden un tercio de casos de opacidad

Los organismos que velan por la transparencia de la Administración se han convertido en un poderoso elemento disuasorio de la opacidad. Son numerosas las ocasiones en que los gobiernos locales, provinciales o autonómicos se resisten a aportar documentación que les solicitan. La creación de organismo como el Consejo de Transparencia han demostrado que las negativas a aportar información que debería estar a disposición de la ciudadanía se transforman en respuestas positivas en cuanto el ciudadano reclama. La memoria de este organismo correspondiente a su actividad de 2020 refrenda una tendencia que confirman los propios consejeros. Cuando la Administración se entera de que una documentación denegada es reclamada a través de entes como el Consejo de Transparencia, las autoridades se lo piensan y, en muchos casos, rectifican. Casi un tercio de las resoluciones presentadas ante esta entidad dejan de tener sentido durante su tramitación porque la Administración rectifica y aporta los datos exigidos.

El patrón recurrente es este: la Administración ignora al reclamante hasta que el Consejo toma cartas en el asunto y pide explicaciones, según fuentes de este organismo. Las resoluciones que en 2016 habían perdido su objeto fueron el 13,83% de todas las dictadas. Ese porcentaje se ha disparado y en la última memoria, el porcentaje de denuncias que habían decaído porque se entregó la documentación antes de que el Consejo emitiese una resolución era del 27%, y un año antes, del 31%. Cerca de un tercio. La reclamación denunciando la opacidad, una vez llega a la Administración denunciada, genera un efecto disuasorio.

La razón de esta reacción por parte de los gobiernos es que es que, el año pasado, se dio la razón plenamente al 37% de todas las reclamaciones resueltas. Además, se estimaron parcialmente un 17% más. Por todo esto, el resultado es que más de la mitad de las quejas resueltas durante el año pasado fueron atendidas positivamente. Las administraciones prefieren dar la documentación a los denunciantes cuando se ven en peligro de ser reprendidos pública y oficialmente por su opacidad.

Del total de reclamaciones resueltas en el 2020, un 57,7% fueron interpuestas contra entidades locales de la Comunitat. Un 28% corresponden a reclamaciones a los distintos departamentos del Consell. El 14,3% restante han sido interpuestas frente a entidades del sector público instrumental de la Generalitat, instituciones estatutarias, Les Corts, universidades y corporaciones de derecho público.