El nuevo curso político, con el foco en los tribunales

Los primeros siete meses de diligencias cuentan con dos investigados. Por un lado, la exconsellera Salomé Pradas. Por otro, el que fuera su número 2, Emilio Argüeso. La magistrada sostiene que ambos responsables no actuaron de manera diligente pese a que disponían de la información necesaria para prever un resultado como el que aconteció. Los dos imputados, no obstante, afrontan el proceso con cierto optimismo. Los testigos que ya han comparecido han coincidido en ratificar la versión de los dos excargos populares: no se habló del barranco del Poyo hasta que el desastre había acontecido y cierta información relevante no se trasladó al Cecopi, la reunión clave de Emergencias que comenzó a las 17 horas. La Guardia Civil, en un informe menospreciado por la jueza, también incide en el silencio de ciertos organismos y la falta de información. Restan todavía numerosas testificales, pero dos resultan cruciales. Se trata de José Míguel Basset, jefe de los bomberos, y de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias. Ambos deben aclarar por qué se retiró la vigilancia presencial en el Poyo y el retraso en el envío del SMS de alerta.

Una cadena de errores todavía no suficientemente aclarada llevó a que un tren se adentrara en pleno incendio forestal. El resultado: seis heridos graves. Un fallo en la cadena de mando propició que no se informara a Renfe de la proximidad de las llamas en esa parte del trayecto. Pudo haber sido una catástrofe. La jueza decidió imputar a cuatro responsables del operativo y, a continuación, decretó el archivo. El motivo era el retraso de un informe de la Guardia Civil acerca del contenido distribuido por una aplicación de mensajería instantánea. La Audiencia ya resolvió una cuestión pendiente desde hace meses. Pero el juzgado no mueve ficha para reaperturar las diligencias, hecho casi inevitable tras las peticiones de las acusaciones, incluida la Fiscalía. Puede ser otra de las investigaciones que pongan en cuestión la capacidad de gestión del Gobierno de Ximo Puig. Gabriela Bravo, hoy ya fuera de Les Corts, era la responsable. En el plano político, cualquier avance beneficiaría al Consell de Mazón.

El caso que lastra la imagen de ejemplaridad de Ximo Puig. Su hermano, Francis Puig, está acusado por la Fiscalía de falsificar facturas para justificar subvenciones de la Generalitat. Se enfrenta a cuatro años de prisión. También está investigado su socio, Juan Adell Bover, por colaborar en la trama. Todo partió de una denuncia del PP. La Generalitat quiso reclamar la devolución de las cantidades sufragadas de manera irregular, pero un error administrativo –un retraso en la apertura de los expedientes– invalidó la acción. La situación compromete al expresidente porque una eventual condena supondría asumir que el hermano del máximo dirigente del Palau se aprovechó de la Administración para su propio beneficio.

La denuncia por un supuesto intento de silenciar la denuncia por abusos sexuales contra el exmarido de Mónica Oltra se saldó con la imputación de la exvicepresidenta y de buena parte de su equipo. La exhaustiva instrucción terminó en un archivo. El juez descartó cualquier actuación concertada para esconder la denuncia de la menor, una adolescente tutelada por la Administración. La Fiscalía, en un perfil bajo, alejada de los primeros pronunciamientos, optó por la misma vía. Pero la Audiencia ordenó que continuara con el caso. El magistrado, en un intento por no ser él quien dicte el auto de apertura de juicio, lo ha vuelto a archivar. Falta el pronunciamiento de la Sala. El juicio se prevé, salvo sorpresa, para comienzos de 2026. Una absolución –más que probable– puede reactivar su carrera política en Compromís o en otro partido.

Un asunto inédito en la historia de la Comunitat. El sumario salpica a ex cargos del PP como Alfonso Grau y a líderes del PSPV, como Rafa Rubio, por el cobro de comisiones a cambio de guardar silencio. También afecta al que fuera cerebro financiero del partido, Pepe Cataluña. La trama se completa con el letrado José María Corbín, el cuñado de Rita Barberá investigado por el supuesto cobro de comisiones. La investigación principal, la más adelantada, es la trama de los colegios, una operación de intercambio de solares por el pago de una deuda para beneficiar al empresario Jaime Febrer, el líder empresarial de la supuesta red. Una investigación que cuestiona la etapa de las mayorías de Barberá.

En septiembre arranca el juicio contra Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco, condenado por el desvío de ayudas a países en vías de desarrollo. La vista, la primera del año, trata sobre el expolio en el Hospital General a través de un entramado de empresas que recibían comisiones de los principales proveedores de la institución. También se le acusa por gastos personales del directivo pagados por fondos públicos. Por su parte, Rafael Blasco todavía no ha cerrado esta conflictiva etapa con la Justicia. El siete veces conseller tiene una investigación abierta por los 600.000 euros que compartía con un empresario en un banco de Suiza.

La crisis de los currículos afecta de manera directa al matrimonio de José María Ángel y Carmen Ninet. El caso del primero es de mayor gravedad. Un informe de Antifraude sostiene que falsificó un título para acceder a su plaza de funcionario hace 40 años. Esto le ha permitido cobrar elevados sueldos que suman más de 800.000 euros en toda su carrera. La Fiscalía mantiene abierta una investigación para depurar responsabilidades penales. Ninet, en cambio, ocupó una plaza de subdirectora del MuVIM sin tener ninguna licenciatura, un requisito de ese puesto. De momento, no se dirige ningún procedimiento penal contra ella. No sería extraño que se le reclamaran las cantidades percibidas irregularmente.

Dos expresidentes unidos en una agónica espera. Eduardo Zaplana aguarda la resolución definitiva del caso Erial acerca de la inicial condena a diez años de cárcel por enriquecerse con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. El Supremo podría pronunciarse el próximo año. De igual modo, Francisco Camps aguarda la confirmación de su absolución en la última pieza del caso Gürtel tras más de una década saliendo indemne de innumerables casos de corrupción. Un intento de la oposición y la Fiscalía de auditar toda su acción política en los tribunales que se ha cerrado con un fracaso.

La figura más visible de Vox en Valencia, Juanma Badenas, está en aprietos. La Fiscalía mantiene abiertas unas diligencias por su gestión al frente de Valencia Activa, una fundación satélite del Ayuntamiento. Los contratos bajo sospecha están vinculados, además, con el marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

De igual modo, también se indaga acerca de unas jornadas organizadas en 2024 y sin aparente relación con los intereses del Consistorio. El caso ya provocó una crisis de gobernabilidad en el gobierno local. Un paso adelante en las diligencias lastraría la gestión de los populares.

Aún hay pendientes diligencias en el caso Imelsa, nueve años después de que comenzaran las primeras pesquisas. Increíble el retraso en un asunto como este. En otras piezas, como las de los zombies, Rus ya ha sido condenado a cinco años de prisión. Está pendiente de que el TSJ resuelva los recursos. En idéntica situación, pero esta vez respecto a otra causa, la de determinados contratos de Imelsa, se encuentra Marcos Benavent, el autobautizado como yonki del dinero.

El tema central de esta legislatura será el caso Koldo por las repercusiones a todos los niveles. La Comunitat tiene su propia ramificación con la participación del exministro Ábalos. El diputado valenciano ya ha sugerido que está dispuesto a pactar. El análisis de su móvil genera inquietud entre los cargos socialistas por la repercusión de determinadas conversaciones.