Mazón encuentra su relato para el nuevo curso

Carlos Mazón acudió el pasado miércoles a la reunión de secretarios autonómicos y subsecretarios, lo que en otros tiempos se denominaba el 'consellet', y que sirve de preparación del pleno del Consell. No es habitual la presencia del president de la Generalitat en esas reuniones. Pero Mazón quiso acudir a ésta para dejar claro, también a su segundo escalón, que ha vuelto. O como mínimo, que está en proceso avanzado de hacerlo.

Diez meses después de la riada del 29 de octubre, de verse políticamente zarandeado por la gestión de la dana, socialmente acosado por la sucesión de manifestaciones que piden su dimisión y bajo el foco de la instrucción judicial, el president trasladó a su equipo más cercano la necesidad de pisar el acelerador, la trascendencia que tiene este inicio de curso político, la importancia de centrarse en la gestión y la determinación con la que está dispuesto a afrontar el futuro.

Mazón llega con convencimiento al debate de política general que se celebrará este mismo mes en Les Corts. Es consciente de que el foco debe volver a la gestión, a las medidas para seguir ayudando a los afectados por la dana, pero también al resto de la Comunitat, que sigue teniendo que levantarse cada mañana para acudir a su trabajo, y que no representa una parte menor. Vuelve el espacio para la política, y con ello el ámbito de las propuestas, la iniciativa, la presentación de presupuestos y, cuando toque, la denuncia de maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez si así se considera.

El verano le ha dado un nuevo aire al president de la Generalitat. La ola de incendios que ha azotado a varias CCAA y que han generado verdaderos dramas humanos y económicos, y la gestión que de esos fuegos han hecho las administraciones públicas arrojan algunas conclusiones útiles, a las que la dirección nacional del PP tampoco es ajena. La primera y más obvia de todas es la que tiene que ver con el paralelismo en la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. La gestión política de las situaciones de emergencia por parte del Ejecutivo central arroja coincidencias significativas, en especial cuando las comunidades afectadas están presididas por el PP.

Los recursos llegan con cuentagotas, la emergencia nacional no se declara en ningún caso –ni aunque la calamidad sea común y afecte a varias regiones– y, finalmente, se abre la vía al reproche político al presidente autonómico (siempre del PP) de turno. Así ha ocurrido en Castilla y León, que 'casualmente' afronta en 2026 unas elecciones autonómicas, y en Galicia. Y si no ha ocurrido en Andalucía, que también tiene comicios, es que por fortuna los incendios no han llegado a esa región.

Lo que se extrae en el PP como conclusión, y también lo hace el Palau de la Generalitat, es el convencimiento de que la estrategia política de Moncloa en relación con estas catástrofes consecuencia de la crisis climática tiene que ver con un intento obvio de aprovecharlas para el desgaste del adversario político. Ayudas con retraso, montar bronca política y tratar de responsabilizar al presidente autonómico de turno. El presidente gallego, Alfonso Rueda, critica la semana pasada ese interés del Gobierno de Sánchez «montar grescas» en lugar de «ayudar a la gente». También cuestionaba el retraso de las ayudas del Gobierno central. La administración valenciana bien podría explicarle cómo se las gasta el Ejecutivo de Sánchez en lo que a gestión de ayudas se refiere.

Mazón ha dejado atrás el estado de shock en el que le sumió el impacto de una riada de dimensiones históricas. Tiene relato personal de lo que ocurrió en aquella jornada, desde que acaba el almuerzo en El Ventorro, su desplazamiento a pie hasta el Palau, las reuniones y llamadas para seguir de cerca la evolución del temporal y por último el desplazamiento hasta el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana para incorporarse a la reunión de un Cecopi del que no es miembro. Se puede haber explicado mejor o peor, con mayor o menor fortuna en los detalles o con discutible acierto a la hora de no ofrecer algunos datos que se han acabado conociendo.

Pero lo que se ha acabado demostrando, la enseñanza que deja el verano, tiene que ver con el intento de aprovechamiento político por parte de la oposición, empeñada en señalarle sólo a él de una gestión, la de la emergencia, en la que como cabe esperar, son los técnicos y los expertos los encargados de adoptar las principales decisiones.

Mazón se ha visto señalado durante todos estos meses. Y comprueba ya que esa presión, tanto desde dentro de su propio partido como desde la izquierda, ha comenzado a disminuir. La gestión de la ola de incendios que han hecho algunos presidentes autonómicos, también del PP, le refuerza. El escandaloso retraso con el que alguno de ellos hizo acto de presencia en el correspondiente Cecopi –Fernández Mañueco acudió a uno cuando ya había 69 incendios activos y más de 3.700 evacuados en su región y después de que el ministro Óscar Puente asegurara en redes sociales que estaba de vacaciones en Cádiz– no aguanta comparación con su incorporación a las famosas 20.28 horas del 29 de octubre a la reunión en el que se celebraba en L'Eliana.

A Mazón le favorece, claro está, un escenario político nacional mucho más proclive. La capacidad de Moncloa para 'incendiar' el debate político se ha visto condicionada por el desgaste de la acción del Gobierno, los frentes judiciales que le acechan y una creciente percepción de agotamiento del propio Pedro Sánchez, al que incluso físicamente se le nota la erosión de siete años en Moncloa. El caso Koldo, la prisión de Santos Cerdán, la imputación de Begoña Gómez, el procesamiento de David Sánchez, la imputación del Fiscal General del Estado... una sucesión de frentes judiciales que ha tenido, como principal respuesta, un ataque indeterminado hacia los jueces a los que Moncloa parece querer distinguir entre buenos –los que juzgand casos vinculados a cargos del PP– y malos –los que tienen en sus juzgados asuntos relacionados con el PSOE o con el entorno del presidente del Gobierno–.

El frente judicial ligado a la corrupción –con referencias incluidas al consumo de prostitución– es grave, pero no es el único. La debilidad parlamentaria del PSOE le sigue manteniendo prisionero de sus acuerdos con los independentistas. La quita de la deuda pactada con ERC o la financiación singular de Cataluña dan munición extra al PP. Y en particular al presidente valenciano, al que le permite afilar su discurso valencianista y su defensa de las señas de identidad –la última torpeza del ministro Albares es el mejor ejemplo–.

El escenario político viene marcado además por sendas citas electorales en 2026, las autonómicas de Castilla y León y de Andalucía, que obligan a la maquinaria de Moncloa, también a la de la calle Génova, a centrar su estrategia en esas dos CCAA. El debate sobre la dana entra en otra fase, relacionada no tanto ya con la digestión de la tragedia como con la gestión de la reconstrucción. Y en esa fase, el Gobierno valenciano viene tomando una iniciativa, con la llegada de las ayudas a las víctimas, que al Ejecutivo central le está costando. Con dos tercios de los 16.600 millones anunciados aún pendientes –y eso incluyendo al Consorcio de Compensación de Seguros–, al Ejecutivo central le ocurre lo mismo que con unos presupuestos: queda muy bien aprobarlos y decir lo que se va a gastar, pero luego es la ejecución real la que marca su impacto cierto.

Mazón se ha ausentado durante los últimos meses de algunas de las principales celebraciones festivas de la Comunitat. Casi invisible en las Fallas, con cautela en Hogueras, el incidente en las Fiestas de la Magdalena, cuando tuvo que interrumpir una visita a las gaiatas premiadas después de ser advertido por los servicios de seguridad de la presencia de grupos violentos... el nivel de crispación del debate político en los últimos meses ha derivado en la aparición de pequeños movimientos que no limitan su protesta a la legítima exhibición de su discrepancia. Seguir las recomendaciones mínimas de seguridad obliga a medir la presencia en grandes actos en los que se puedan dar situaciones no deseadas.

La dana del 29 de octubre dio un vuelco a la legislatura. La izquierda valenciana se ha visto desde entonces capaz de darle la vuelta a un escenario que, hasta la víspera ese trágico día, apuntaba más a mayoría absoluta del PP en 2027 que a regreso al Botánico. PSPV y Compromís vienen protagonizando desde entonces una enconada oposición a Mazón. Sin embargo, el desgaste que el PP valenciano ha sufrido desde aquella fecha no ha impedido que socialistas y nacionalistas mantengan algunos frentes abiertos notables. En las filas socialistas, por las dudas existentes respecto al liderazgo de Diana Morant, para el que Óscar Puente pide paciencia y Ximo Puig que levante una alternativa.

En las de Compromís, por la crisis derivada de la ruptura entre Mes e Iniciativa, con un diputado nacional de cada uno de esos partidos en distintos grupos en el Congreso. Y con el aderezo de la falta de un liderazgo claro y incógnita sobre el futuro de Mónica Oltra y su coqueteo con el partido de Jorge Rodríguez.