La 'Masacre del Jurídic' posterga la ley de residuos del Botánico hasta que se conozca la normativa estatal

El dictamen del Consell Juridic Consultiu sobre la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular no invita al optimismo de cara al futuro inmediato de una norma a la que habrá que dar una vuelta, o más de una. El CJC es muy crítico. No deja sano ni el preámbulo de la proposición realizada por el Botánico. El informe desmonta desde su articulado hasta sus disposiciones. Un destrozo consistente en una veintena de observaciones esenciales, algo completamente inusual. El tripartito asume ahora que deberá esperar a conocer la ley estatal, una circunstancia elemental que ya se temían los altos cargos con competencias medioambientales en el Consell. «Esperaremos a la aprobación de la ley de ámbito estatal en esta materia para la posible adaptación de esos preceptos a la norma autonómica, cosa que desde un principio hemos tenido claro. En definitiva y como hemos dicho desde un principio, el procedimiento está siendo transparente, participativo y será acorde con la normal estatal«, señalaron fuentes del tripartito. Esa claridad a la hora de postergar la norma no estaba, realmente, tan clara a tenor de las prisas que desde Podemos, impulsores de la propuesta, metieron a sus socios para que se aprobara el texto. Las tensiones internas implicaron incluso al propio Consell, y Oltra tuvo que salir al paso.

Fuentes del Botánico aseguran que la firma de Compromís y, especialmente, el PSPV quedó condicionada a que el Jurídic emitiese un informe. Lo ha emitido y los cachitos de la ley se han diseminado por kilómetros a la redonda. Una masacre. El informe critica la ambigüedad y confusión del texto, advierte de la imposibilidad de regular asuntos que son competencia estatal, señala que la propuesta distorsiona la unidad de mercado en materia de producción y alerta de que obligaría a las entidades locales (municipios) a realizar funciones para las que la norma ni les dota de financiación ni contempla gasto o repercusión económica de ninguno de los implicados.

El tripartito ha querido destacar que se trata de la primera vez que una propuesta legislativa de Les Corts pasa el filtro del Consell Jurídic. En realidad, ha embozado el filtro. Como estreno, en Valencia no se recuerda nada igual desde que el argentino Gustavo Campagnuolo se puso por primera vez los guantes para defender la portería del Valencia en la campaña 1997-98 para suplir a Zubizarreta. Tras la primera parte, el Salamanca le había metido seis goles.

La norma pretendía prohibir la obsolescencia programada, establecer un servicio de agua gratuita en los establecimientos de hostelería, establecía la obligación de los comercios de ofrecer un mínimo de bebidas en envase reciclable, así como implantar zonas para depositar envases reutilizables y gratificar por ello al usuario, fijaba normas en la venta online, promovía que los productores remitieran información sobre su generación de residuos e implantaba tasas. El CJC, sin embargo, le ha advertido al tripartito que todo eso no lo puede hacer sin un respaldo de leyes estatales y trasposiciones de directivas europeas. Esta iniciativa nunca ha gozado de gran popularidad entre el Botánico. Podemos la intenta incluir desde hace años. La legislatura pasada ya quedó fuera del corte de las propuestas aprobadas porque el adelanto electoral la dejó en el cajón. Y ahora, tras lograr superar la realidad política, no sin ciertas dificultades, la norma tropieza con la realidad jurídica.

«Desde el grupo socialista siempre hemos abogado por la necesidad de este dictamen, de hecho, es la primera vez que desde Les Corts se hace esta consulta. Nuestro propósito es que esta Propuesta de Ley, que figura entre los acuerdos del Botànic II, tenga seguridad jurídica por lo que este dictamen es básico para tener una opinión autorizada respecto a los preceptos legales. Además, el sentido del dictamen forma parte del procedimiento que estamos llevando a cabo y todavía estamos pendientes del trámite de comparecencias donde podrán venir todos aquellos que han mostrado interés por participar en la confección de la propia ley«, señala el socialista Paco Gil.

Beatriz Gascó, de Podemos, lleva años trabajando con esta propuesta legislativa. La diputada ha admitido no sentirse sorprendida con el dictamen del CJC por considerar que el organismo había atendido a otros informes remitidos desde la patronal y empresas del sector. «Este es un procedimiento abierto y propositivo, en el que estamos recibiendo muchas valoraciones, y que por supuesto el texto inicial no sólo no es inamovible, sino que estamos súper abiertos a aportar los cambios que consideremos , necesarios«, indica Gascó, para quien »hay que tener en cuenta que esta es una materia totalmente nueva. De hecho las directivas europeas son de 2018, 2019 y 2020. Y en todos los países las transposiciones estatales y regionales/autonómicas están en cambio permanente«. La diputada podemista recuerda que »desde el principio dijimos que nos adaptaríamos a los tiempos de la ley estatal« y explica que, a partir de ahora, »vamos a aportar enmiendas en línea con las valoraciones del CJC en algunos casos, en otros es discutible«, y admite que «hay que esperar a ver en qué queda la ley estatal para ver si tienen cabida o no esos artículos», en referencia a los artículos que el Jurídic ha rechazado.

La diputada Graciela Ferrer, desde Compromís, como ponente de la ley, considera que el dictamen del CJC «no es un examen, sino que forma parte del proceso normal de elaboración de la ley y nos ayuda», recuerda que «aún no se han sustanciado las comparecencias ni se ha abierto el periodo de enmiendas» a la normativa.

«Desde que presentamos la proposición éramos conscientes de la elaboración de la nueva ley estatal y de la necesidad de adaptar la normativa autonómica, por eso la tramitación permite una adaptación más rápida y eficiente. Estudiaremos con cuidado y atención lo que plantea el informe del CJC«, asegura Ferrer.