Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes

En un vídeo publicado en redes sociales realizado por la propia formación nacionalista, Míriam Nogueras «noqueó» de manera simbólica al presidente del Gobierno y decretó el 'game over' para la legislatura. Depende de Sánchez, que insiste en que quiere llegar hasta 2027. En la práctica, los de Puigdemont no apoyarán una moción de censura junto al PP y Vox ni exigen elecciones –al menos, por ahora–, pero sí han decidido «bloquear» la gobernabilidad de Sánchez, que no tendrá, si de Junts depende, ni Presupuestos ni techo de gasto ni la posibilidad de sacar adelante su programa legislativo.

Esa capacidad del Ejecutivo será a partir de ahora nula, salvo que busque alianzas alternativas a la de la mayoría de la investidura; algo poco menos que inviable. El Consejo de Ministros puede aprobar iniciativas, pero sin ningún recorrido parlamentario. Los junteros se han pasado oficialmente a la oposición y no se sienten responsables del devenir de la legislatura.

La ruptura de Junts se traduce, según anunció ayer su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, en que el Gobierno no podrá aprobar ni una sola ley de las 50 que tiene en curso. Los junteros registrarán enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que el Ejecutivo del PSOE y Sumar tiene presentadas en estos momentos en el Congreso y están en trámite parlamentario. Son, entre otras, la de familias, la de la universalidad del sistema nacional de salud, la de industria y autonomía estratégica, la de comercio exterior y materia de defensa y la orgánica del régimen electoral general.

Los postconvergentes no votarán a favor, además, de otras 21 leyes propuestas por los grupos gubernamentales, que ya están acabando su fase de tramitación, y otras nuevas que han pasado recientemente por el Consejo de Ministros recibirán igualmente enmiendas a la totalidad cuando lleguen al Congreso.

«La legislatura de Sánchez queda bloqueada», sentenció Nogueras en una comparecencia en el Congreso dotada de una cierta solemnidad, con todo el grupo parlamentario que dirige junto a ella. Los de Puigdemont van ya más allá, por si no resultaban ya creíbles, de la mera ruptura retórica. Han pasado de las palabras a los hechos y han consumado la amenaza. Se quejan de que, tras el anuncio de divorcio formalizado en Perpiñán por el expresidente catalán, el Gobierno apenas ha movido ficha y no les ha tomado en serio. Ahora, se preparan para tratar de rentabilizar electoralmente el divorcio y, de paso, intentar frenar el auge en las encuestas de Aliança Catalana, la extrema derecha independentista.

Nogueras reiteró que «romper es romper», sin medias tintas. Aunque es cierto que no lo hace al 100%, toda vez que hay tres leyes del Gobierno, que van acompañadas de un acuerdo previo con Junts, que sí saldrán adelante: son la del cine, la de la atención al cliente de las empresas y una sobre economía social y movilidad sostenible. Esta última va vinculada a la llegada de millonarios fondos europeos y la segunda favorece el uso del catalán entre las grandes compañías. Además, está el real decreto de la ELA, una iniciativa muy sensible socialmente que cuenta con consenso del hemiciclo. En las filas nacionalistas lamentan que el presidente del Gobierno no haya explicado aún cómo piensa seguir gobernando en minoría y no haya acudido al Congreso.

Tras solemnizar el bloqueo, el Ejecutivo mantuvo la mano tendida a los de Puigdemont, más o menos la misma reacción que hace diez días cuando el expresidente de la Generalitat anunció en suelo francés la separación. El Ejecutivo hizo ayer algún gesto, como una reunión entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para abordar la oficialidad del catalán. Pero para Junts, estos guiños llegan ya tarde y duda de que dos años después, si hasta la fecha no lo ha hecho, Sánchez «cumpla» ahora con los acuerdos pendientes del pacto de Bruselas suscrito el 9 de noviembre de 2023, guardado en un cajón. «La puerta la ha cerrado el Gobierno», recrimina la formación soberanista.

La lista de incumplimientos a ojos de Junts es muy larga: además de la oficialidad del catalán en la UE, la aplicación fáctica de la amnistía, la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, el bloqueo en la tramitación de las leyes contra la multirreincidencia y contra la okupación impulsadas por Junts, la no incorporación de Cataluña a organismos internacionales como la Unesco, la no publicación de las balanzas fiscales y la no ejecución de las inversiones presupuestadas en Cataluña de ejercicios anteriores.