El juez abre juicio a Francis Puig por la trama de las ayudas y le reclama una fianza de 147.000 euros

El juzgado ha dictado el auto de apertura de juicio oral, una de las escasas resoluciones en el proceso penal que no admiten recurso. Lo hace incluso antes de la que la Audiencia se pronuncie acerca del recurso que plantearon los dos acusados contra el auto de procesamiento. Es la última vía de los dos investigados para evitar sentarse en el banquillo. Se antoja complicado.

Las acusaciones se concentran en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. El juez ha excluido el delito de fraude de subvenciones porque no se rebasa la cifra defraudatoria de 120.000 euros al año.

En cambio, mantiene en la resolución que los hechos encajan, siempre de manera indiciaria, con una estafa ya que los investigados utilizaron «documentos falsos o reclamaron por actuaciones sin relación con la actividad que era merecedora de la subvención». El objetivo era obtener fondos de la Administración con el que mantener la actividad de las sociedades ahora bajo sospecha.

La resolución no aporta mayores novedades a las ya conocidas hasta la fecha al margen de la citada fianza. En este sentido, el juez acuerda, además, que se le reclame a Francis Puig una fianza de 147.589,29 euros, cantidad que estaría destinada a reparar el dinero supuestamente desviado de la Generalitat valenciana y la catalana. En caso de que el hermano del expresidente no puede aportar esta cantidad se procederá al embargo de los bienes a su nombre o bien a declararlo insolvente. En el caso de Adell Bover deberá aportar 99.000 euros.

El denominado cártel de las productoras fue descubierto cuando las empresas de la trama (las sociedades Comunicacions dels Ports y Mas Mut, por parte de Francis Puig; y por Canal Maestrat y Kriol por el lado de los hermanos Adell Bover) fueron sorprendidas pactando precios para un concurso de corresponsalías de À Punt. Fue la propia cadena la que denunció el ilegal pacto de las firmas con la intención de repartirse el mercado.

Una estratagema que se tradujo en una multa de más de 40.000 euros por parte de Competencia de la Generalitat y una propuesta para no contratar con el sector público. Finalmente, el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero no aplicó esta sanción lo que ha permitido al hermano del expresidente mantener la viabilidad de la mercantil.

La investigación ha aflorado facturas ficticias, duplicadas, almacenes agrícolas como sedes y centros de trabajo que en realidad eran casas privadas sin actividad. Durante años, el clan de las productoras ingresó ayudas públicas de varias administraciones autonómicas –Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón–.

La Fiscalía detalla la existencia de múltiples facturas expedidas en la misma fecha, con los mismos importes, con precios que no se corresponden con los trabajos, pagadas en el año anterior al que se formalizan, con conceptos genéricos, que no están pagadas, acreditadas fuera de plazo, sin rastro de contratos, con domicilios equivocados o directamente «ficticios»... La ristra de irregularidades resulta extensa. Además, las Intervención de la Generalitat ya señaló que se habían subvencionado conceptos que no podían ser sufragados por fondos públicos. En total, la cantidad bajo sospecha era cercana a los 60.000 euros.

Mientras que el horizonte penal se presenta con obstáculos como los cuatro años de prisión que se reclama a Francis Puig, en la jurisdicción contenciosa, los socios del cártel de las productoras han tenido mejor suerte. La Generalitat no cumplió los plazos a la hora de reclamar las cantidades abonadas a las mercantiles de manera indebida. Lo hizo, pero más allá del plazo legal. El TSJ terminó dándole la razón a los dos empresarios audiovisuales. En aquel momento se encontraba Vicent Marzà al frente de la conselleria de Educación quien siempre defendió su actuación y el interés de la Generalitat por reclamar el dinero.

Los hechos que se investigan se corresponden con la etapa de Ximo Puig al frente de la presidencia de la Generalitat. Desde el Botánico siempre quisieron ver este asunto como más propio de una conspiración del PP. Pero la realidad es que diez años después de aquello, la Fiscalía aprecia sólidos indicios de criminalidad en los empresarios. Ximo Puig nunca le dio importancia. Primero señaló que desconocía absolutamente todo y que no hablaba con su hermano de estas cuestiones. Más adelante apuntó que todo era una maniobra del PP. Pero este caso dañó su mensaje de ejemplaridad y de crítica a los populares por la llamada hipoteca reputacional.