Caso Francis Puig: un gran catálogo de facturas irregulares con una empresa «sabiendo que era ficticia»

El rosario de irregularidades que detalla la Fiscalía es notorio. En relación a Comunicacions dels Ports, desde la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se detallan facturas con proveedores (decenas de ellas) consideradas ficticias, con precios que no se corresponden a trabajos reales, otras pagadas en tiempo distinto a lo señalado, duplicadas, fuera de plazo o improcedentes. El Ministerio Público afirma que las facturas en concepto de alquiler de un almacén propiedad del padre de los hermanos Puig eran gastos sobre los que no había justificación.

Para la Fiscalía, Francis Puig se «autofacturó» tareas irreales de Comunicacións a Masmut, considerada «una empresa ficticia dirigida exclusivamente a la obtención de subvenciones». Además, no se acreditan pagos, se aportan facturas sin fecha o incluso sedes de actividad que «no podía prestar servicio porque no hay conexión telefónica». Igualmente, Fiscalía señala que ha facturas con fecha idéntica por cotenidos no elaborados por la empresa que recibe la subvención, también facturas directamente duplicadas, cruzadas con las empresas de su socio, Adell Bover: «Todas las facturas han podido ser creadas para la obtención de subvenciones en mayor cuantía que la que correspondería, y de cuya realidad se puede dudar» por faltas de contrato, por conceptos erróneos, por no haber sido pagadas o registrar indicios de falsedad.

Puig, Francis, presentó pagos de servicios de asesoría sin contrato ni justificación, «sin detalle alguno», sin pagar o no aportadas por el proveedor. Para la Fiscalía, el hermano del expresidente solicitó subvenciones al Consell que lideraba Ximo Puig a través de una empresa «sabiendo que era ficticia, y presentò facturación con simulación de gastos».

«Francis Puig sabía que era una empresa ficticia», asegura la Fiscalía, que relata la creación de Masmut, donde también fue administrador otro de los hermanos del expresidente y ahora embajador de España en la OCDE: «Es una empresa redundante». Dos empresas para hacer lo mismo, una de ellas con una sede donde no había «indicio alguno de actividad societaria». Los trabajadores de la firma desarrollaban actividades que no tenían nada que ver con lo subvencionado, con ocultación de domicilio «para cumplir los requisitos de la normativa relativa a las subvenciones». El Ministerio Público considera que hay facturas que forman parte de un entramado (en el que incluye a empresas gestionada por el socio de Francis) de pagos cruzados con el fin de justificar la recepción de las ayudas: «Una relación fraudulenta dirigda a simlar gastos». También hay facturas ciertas, pero no subvencionables.

«El total de lo presuntamente defraudado a ambas administraciones (Consell valenciano y Govern catalán) asciende a 110.691 euros», según Fiscalía.