El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto

El Gobierno dio un mes de plazo a Madrid, Aragón y Baleares para crear este registro al ser las únicas comunidades autónomas que carecían de él. El plazo se cumplió la medianoche del viernes y apenas doce horas después Sanidad ya anunció el traslado de la situación a los tribunales.

La posiciónde Madrid se conocía de antemano. El Ejecutivo regional ya advirtió nada más recibir el requerimiento que cedería ante el Gobierno central, como sí han hecho Aragón y Baleares. Ayuso fue muy clara al respecto en una sesión en la Asamblea de Madrid en la que señaló que «no se va a señalar a nadie». «Váyanse a otro lado a abortar», remató. Tras conocer la demanda el Ejecutivo regional se mantuvo firme en su decisión. «Preferimos que sea un tribunal quien indique lo que se debe hacer, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie», señaló la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

La ley del aborto del 2023 establece la objeción de conciencia «como un derecho individual de cada profesional sanitario, que debe manifestarse con antelación y por escrito». En su artículo 19 la norma exige que se cree «un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario».

El rechazo frontal de Ayuso a la Ley del Aborto pone en aprietos a la dirección nacional del PP, desde donde Alberto Núñez Feijóo ha ordenado mantener una posición de bajo perfil hacia un asunto que causa división entre las diferentes corrientes internas del partido. Mientras el sector más liberal acepta la interrupción al embarazo, conservadores y democristianos se oponen a él de forma frontal. Y en medio se sitúan las exigencias de Vox que en cada negociación para forjar un pacto pone el rechazo al aborto como condición indispensable a cambio de su apoyo.