La Generalitat cuelga el cartel de 'se vende'

Uno de los pilares del plan de contención del gasto y de rentabilización de recursos anunciado por Carlos Mazón a la vista de la decisión del Gobierno central de congelar los fondos del extra FLA pasa por la optimización del patrimonio de la Generalitat. La dirección general que encabeza Tony Woodward ultima ya un minucioso estudio que contiene información sobre aquellos inmuebles de la administración autonómica que podrían ser susceptibles de venta o arrendamiento, porque no están en uso o porque se pueden dedicar a otros objetivos. De lo que se trata es de contribuir a aligerar la carga de gastos de las cuentas autonómicas, de una parte, y de lograr liquidez para hacer frente a los pagos pendientes. La primera estimación con la que se trabaja prevé unos ingresos que podrían alcanzar los 475 millones de euros.

«Para gestionar de modo eficiente esos recursos patrimoniales debíamos tener claro por un lado cómo dar salida a todos aquellos inmuebles que eran improductivos para la Generalitat, que les estaban costando dinero a todos los valencianos o que no eran necesarios para el desarrollo normal de sus funciones sin olvidarnos de la optimización del espacio, del puesto de trabajo, reagrupando servicios y por tanto reduciendo alquileres innecesarios», se explica desde este departamento.

La Generalitat es propietaria de inmuebles de muy diverso tipo a lo largo de toda la Comunitat. Edificios históricos, edificios singulares, viviendas, suelo... instalaciones algunas en uso por la propia administración, y otras que ya no, a las que el Gobierno valenciano pretende dar salida.

La Dirección General de Patrimonio trabaja en un estudio completo de todo el stock patrimonial inmobiliario que nos permita tener una evaluación inicial integral de su estado, su valor de mercado, el uso potencial junto a las oportunidades de optimización de todos los bienes inmuebles que nos pueda brindar el mercado. «Queremos contar con un asesoramiento externo especializado que nos proponga las mejores soluciones y alternativas para lograr la mayor liquidez posible a través de las distintas herramientas existentes como la venta de patrimonio, el alquiler o arrendamiento, la concesión, sin descartar el sale and leaseback –una fórmula por la que se lleva a cabo la venta de un activo (generalmente un inmueble o equipo) a una entidad financiera y, al mismo tiempo, lo arrienda de nuevo a largo plazo, con lo que la empresa obtiene liquidez inmediata, pero sigue utilizándolo como si fuera propio a través del contrato de arrendamiento–.

De lo que se trata en definitiva es de tener sobre la mesa todas las opciones posibles. En unos casos, para deshacerse de inmuebles que no se utilicen. En otros, para alquilarlos si se considera que pueden ofrecer de esta forma más rentabilidad. En paralelo, se pretende reagrupar servicios administrativos que hasta ahora permanecían dispersos, aprovechando al máximo instalaciones como la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre o las obras que ya finalizan en el edificio administrativo situado junto al Miguelete.

Además, a través del servicio de optimización y dinamización del patrimonio, y del de gestión inmobiliaria se está realizando en todos los inmuebles administrativos de la Generalitat, propios y arrendados, un mapeo y distribución de los espacios actuales, con el detalle del servicio asociado, el número de funcionarios que trabaja en cada espacio, su distribución, el espacio utilizado, el disponible, las carencias, los archivos, los locales, «que nos permita a su vez conseguir la reducción al máximo de los alquileres y manteniendo los indispensables en toda la Comunitat», se explica. La dirección general tiene puesto el foco también en las cesiones temporales de inmuebles por parte de la administración autonómica, para comprobar que se está prestando efectivamente el servicio para el que fueron cedidos los inmuebles.

¿Y cuáles son esos inmuebles que pueden ser susceptibles de arrendamiento o venta? La dirección general de Patrimonio identifica espacios como el Palau de Tremolar, un edificio histórico situado entre los números 11 y 13 de la calle Trinquete de Caballeros, en pleno centro histórico del cap i casal. Un inmueble con una rehabilitación pendiente y con un coste estimado por encima de los nueve millones de euros. Un inmueble que data de 1862, de más de 2.000 metros cuadrados, que consta de planta baja, entresuelo y tres pisos, fue adquirido por la Generalitat en diciembre de 2020 atendiendo, se explicó, tanto a su ubicación, junto a la Conselleria de Hacienda, como a su configuración (vivienda palaciega integrada por estancias de grandes dimensiones comunicadas entre sí) para departamentos de ese mismo departamento, actualmente ubicados de forma dispersa en distintas localizaciones.

El Palau de Tremolar es uno de esos inmuebles sobre los que Patrimonio busca asesoramiento respecto a la mejor opción posible: venta, alquiler o esa fórmula mixta de venta con arrendamiento. Otro de los edificios singulares de los que es propietaria la administración autonómica está ubicado en el número 50 de la avenida Blasco Ibáñez. La que fuera sede de la vieja conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (COPUT) está ahora alquilado a la Agencia Tributaria, que tiene allí sus oficinas centrales. Las fuentes de Patrimonio consultadas por este diario explican que ese arrendamiento a la Agencia Tributaria finalizará en los próximos años, y que la entidad dependiente del ministerio de Hacienda tiene previsto trasladarse a nuevas instalaciones en la Avenida de Francia, de manera que el inmueble quedará sin uso concreto. Y ni que decir tiene que se trata de una oportunidad única, tanto por ubicación como por sus propias instalaciones y por su tamaño.

La administración autonómica también es propietaria de inmuebles que en este momento se encuentra alquilados a distintos establecimientos comerciales. En la calle Colón, en el número 32 –esquina con la calle Pizarro–, se encuentra el edificio que en su día albergó la vieja conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, arrendado en este momento a una conocida marca de ropa joven. «Identificamos un paquete inicial de inmuebles completamente depurados por un importe de 57 millones de euros, suelo por 9 millones a los que sumamos una serie de inmuebles singulares, entre otros el inmueble que adquirió el Gobierno del Botànic sin ninguna lógica como es el edificio de Correos de Elche», se explica.

Hay cosas intocables, obviamente. Inmuebles que por su valor patrimonial o sentimental se quedan fuera de este estudio. Ni se alquila todo ni está todo a la venta. Pero Patrimonio tiene claro que en una situación como la actual, la orden del president de la Generalitat de tomar medidas para racionalizar y optimizar el patrimonio de la administración autonómica es una prioridad.