Francis Puig y la trama para estafar dinero público

Francis Puig es presuntamente autor de un contubernio para estafar dinero público junto a Adell Bover, un socio con el que ideó una red de actividades pantalla, incluida la creación de alguna empresa «a sabiendas» y con el único fin de fabricar «una relación fraudulenta dirigida a simular gastos». La Fiscalía pide para Puig, Francis, cuatro años por estafa y falsedad. Y para su socio, tres años de prisión.

Falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación. Así figura en el escrito de acusación dirigido por el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, adelantado este martes por LAS PROVINCIAS.

El fiscal contempla, además, responsabilidad civil directa de Francis Puig, quien, según su criterio, como administrador de Masmut Produccions SL, deberá ser condenado a indemnizar a la Generalitat en 58.866,69 euros, y al Govern de Cataluña en la de 51.825,28 euros (el total supuestamente defraudado durante el período de 2015-2018 asciende a 110.691,97 euros). De esa cantidad, Juan Enrique Adell Bover, como cooperador necesario al delito de falsedad y estafa (o, subsidiariamente, al de apropiación indebida) cometido presuntamente por Puig deberá indemnizar de forma solidaria con este último, en la cantidad de 74.710,75 euros (facturación de Kriol, Canal Maestrat y Nova CB), cantidad que será repartida de forma proporcional entre los gobiernos catalán y valenciano, conforme a los criterios de las bases de sus respectivas subvenciones.

La resolución descarta expresamente la comisión del delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos. La Conselleria de Educación que gestionaba esas ayudas estaba liderada por Vicent Marzà. El ahora diputado de Compromís encabezaba el departamento, que en noviembre de 2019 reclamó parte de las subvenciones. Pero lo hizo mal. Los hermanos Adell Bover se libraron que devolver a la Generalitat más de 170.000 euros por un error. La Generalitat reclamó fuera de plazo.

«Facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover», detalla la Fiscalía.

El PP, al inicio de la primera legislatura del Botánico, lanzó la voz de alarma ante una colección de subvenciones extrañas. El jefe del Consell lo consideraba todo una «cortina de humo». La diputada del PP, Eva Ortiz, siempre fue replicada con dureza por parte del Consell y del PSPV en relación con estas ayudas públicas. Compromís miró hacia otro lado. Desde la izquierda se argumentaba que el motor de estas denuncias eran el deseo de desgastar a Ximo Puig y una animadversión por el valenciano. La Fiscalía, finalmente, confirma que la denuncia no era precisamente de una ficción. Si había algo irreal, era la trama que justificaba el cobro de las subvenciones por el fomento del valenciano.

El rosario de irregularidades que detalla la Fiscalía es notorio. En relación a Comunicacions dels Ports, desde la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se detallan facturas con proveedores (decenas) consideradas ficticias, con precios que no se corresponden a trabajos reales, otras pagadas en tiempo distinto a lo señalado, duplicadas, fuera de plazo o improcedentes. El Ministerio Público afirma que las facturas en concepto de alquiler de un almacén propiedad del padre de los hermanos Puig eran gastos sobre los que no había justificación.

Para la Fiscalía, Francis Puig se «autofacturó» tareas irreales de Comunicacions a Masmut, «una empresa ficticia dirigida exclusivamente a la obtención de subvenciones». Además, no se acreditan pagos, se aportan facturas sin fecha o incluso sedes de actividad que «no podía prestar servicio porque no hay conexión telefónica». Igualmente, Fiscalía señala que ha facturas con fecha idéntica por contenidos no elaborados por la empresa que recibe la subvención, también facturas directamente duplicadas, cruzadas con las empresas de su socio, Adell Bover: «Todas las facturas han podido ser creadas para la obtención de subvenciones en mayor cuantía que la que correspondería, y de cuya realidad se puede dudar» por faltas de contrato, por conceptos erróneos, por no haber sido pagadas o registrar indicios de falsedad.

Puig, Francis, presentó pagos de servicios de asesoría sin contrato ni justificación, «sin detalle alguno», sin pagar o no aportadas por el proveedor. Para Fiscalía, el hermano del expresidente solicitó ayudas al Consell del Botánico a través de una empresa «sabiendo que era ficticia, y presentò facturación con simulación de gastos».

«Francis Puig sabía que era una empresa ficticia», asegura la Fiscalía, que relata la creación de Masmut, donde también fue administrador otro de los hermanos del expresidente y ahora embajador de España en la OCDE: «Es una empresa redundante».

Dos empresas para hacer lo mismo, una de ellas con una sede donde no había «indicio alguno de actividad societaria». Los trabajadores de la firma desarrollaban actividades que no tenían nada que ver con lo subvencionado, con ocultación de domicilio «para cumplir los requisitos de la normativa relativa a las subvenciones».

El Ministerio Público considera que hay facturas que forman parte de un entramado (en el que incluye a empresas gestionada por el socio de Francis) de pagos cruzados con el fin de justificar la recepción de las ayudas: «Una relación fraudulenta dirigida a simular gastos». También hay facturas ciertas, pero no subvencionables. La catalogación de facturas y de modos improcedentes de utilizarlas muestra un esfuerzo contable digno de causas mucho más nobles.

«El total de lo presuntamente defraudado a ambas administraciones (Consell valenciano y Govern catalán) asciende a 110.691 euros», según Fiscalía.