El fiscal que negoció con el abogado del novio de Ayuso ve «legal» que le pidieran datos

La jornada matinal de esta vista inédita ha exhibido las tensiones propias de todos los actores en liza. Fue en la fase de las cuestiones previas, que dieron el pistoletazo de salida al juicio. Por una parte, la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, y la Fiscalía del Supremo sosteniendo con vehemencia la absolución del procesado. También detallando la ristra de presunta vulneraciones de derechos fundamentales que se habrían producido en la fase de instrucción, y que la sala revolverá en sentencia. Del otro lado, la defensa del querellante, Alberto González Amador, y los abogados de las cuatro acusaciones populares, que deben sostener la autoría delictiva del encausado.

Y como colofón el primero de los 40 testigos en comparecer, el fiscal Julián Salto, clave en la negociación con el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El integrante de la unidad de delitos económicos de Madrid ha declarado dos cosas notables para la vista: que sus superiores conocieron de palabra el día 12 de marzo de 2024, un día antes de la presunta revelación del correo por parte del fiscal general, el ofrecimiento del abogado de González Amador para reconocer los delitos fiscales a cambio de evitar una pena de prisión. Y, en segundo lugar, que le transmitieron la urgencia de García Ortiz en reportar todos los correos de la negociación para desmentir el «bulo» determinadas informaciones periodísticas. Una petición que entonces vio con normalidad: «Fue legal, me dijeron que el interés del caso era la relación de González Amador con la presidenta de Madrid», declaró.

Un García Ortiz cariacontecido, con rictus serio, ojeroso, asistió impasible a la intervención de Salto y del resto de declarantes. Sobre todo a la de su defensa, ejercida por la abogada del Estado Consuelo Castro, quien ha llamado la atención sobre «las irregularidades cometidas en la instrucción». Tantas, ha subrayado, que «nos permite sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto».

Para Castro, su distinguido cliente «no ha podido defenderse en las condiciones exigibles» en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier «otra alternativa». De hecho, le ha recriminado actuar con «la idea preconcebida de que era culpable» buscando únicamente «pruebas incriminatorias».

En concreto, ha destacado las supuestas irregularidades en los registros efectuados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entonces investigada. En esos registros se obtuvieron los indicios clave contra García Ortiz: las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año, y el borrado del contenido del teléfono móvil del jefe del Ministerio Público.

La defensa ha aprovechado para aportar un informe pericial, que se negó en instrucción, que, según ha explicado, acredita que «es imposible saber qué mensajes fueron borrados el 16 de octubre de 2024». Y es que ese día, según la Guardia Civil, el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil hasta dos veces.

Además, ha pedido incorporar a la causa una serie de mensajes de X (antes Twitter) de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, que, para Castro, «ponen de manifiesto la difusión de una idea de confabulación entre Fiscalía, Hacienda y Gobierno para perjudicar» a la presidenta madrileña, porque «constituyen un contexto importante».

En la misma línea, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha atacado dichos registros, alegando que vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz porque ha aseverado que partió de una «ficción» de Hurtado que «no tiene ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico». «Todavía está esperando la Fiscalía que nos dé un solo dato de que la filtración se dio por medios telemáticos», dijo rotunda la 'número dos' del Ministerio Público.

Sánchez Conde también ha apoyado la aportación documental solicitada por la abogada del Estado al considerar que es fundamental para acreditar las tesis de la defensa, de que «ha habido una actuación conjunta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su gabinete de prensa, 'El Mundo' y otros medios afines para construir un relato deliberado para perjudicar al fiscal general».

En el lado contrario, la acusación que ejerce González Amador ha pedido al tribunal desestimar las quejas de la defensa. «Mucha queja abstracta y ninguna concreta». En su turno de palabra, el abogado de la acusación popular que ejerce el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), se ha adherido a lo manifestado por la acusación particular y se ha opuesto a las reclamaciones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, reivindicando que estamos ante «una instrucción modélica».