El Consell, en manos del Gobierno para pagar 1.900 millones en facturas atrasadas

El bloqueo de esa línea de financiación, que los distintos Gobiernos centrales han venido manteniendo durante los últimos 12 años, fue suspendida el pasado mes de diciembre como herramienta para atender el exceso de déficit del ejercicio anterior. De facto, eso suponía para la Comunitat no disponer de la inyección de 1.900 millones de euros que debía realizarse en julio –mes en el que se suele transferir el 75% de ese déficit acumulado el ejercicio anterior–. El bloqueo de ese mecanismo es el que obliga a la Generalitat a recurrir a un crédito. Y la autorización a esa herramienta debe concederla el Gobierno.

Ese es el motivo por el que el consejo de ministros de este martes es determinante. «El crédito va a permitir pagar facturas pendientes antes de que acabe julio, pero igualmente esto supone que estamos en manos del Gobierno y que esta operación debe ser aceptada por el Consejo de Ministros. No concebimos otro escenario que no sea que en el Consejo de Ministros del próximo martes 15 se apruebe esta operación en los términos que se ha venido hablando en los últimos días con el Ministerio», señaló el martes pasado la titular de Hacienda, Ruth Merino.

El ministerio de Hacienda ha admitido que «se ha hablado con la Comunidad Valenciana sobre este asunto» y que «este tipo de autorizaciones son habituales». ¿Y se autorizará? «Se analizará y en el caso de que se autorice se llevará al consejo de ministros», se señala. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario.

No autorizar el crédito por parte del Gobierno, después de bloquear el extra FLA, generaría un colapso presupuestario para la administración autonómica, que no dispondría de recursos para atender facturas atrasadas relacionadas con la factura de farmacia o con la prestación de Servicios Sociales. Decisiones como éstas son las que han venido llevando al Consell de Carlos Mazón a denunciar la «asfixia» que el Ejecutivo central somete a la Comunitat con el único motivo de que el Gobierno autonómico es de un signo político distinto.

La lista de agravios en materia económica y presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la Comunitat la encabeza el retraso en la reforma del sistema de financiación –al ctual modelo se aprobó en 2009 y lleva caducado desde el 1 de enero de 2014– y la acompañan el fondo de nivelación para las CCAA infrafinanciadas, que el Ejecutivo central rechaza, así como la negativa a conceder recursos a fondo perdido para atender los daños de la dana. Este lunes, en cambio, en Barcelona la Comisión Bilateral Estado-Generalitat formalizará la financiación singular para Cataluña.

El último ejemplo de esa «asfixia» que denuncia el Gobierno valenciano por parte de Sánchez tiene que ver con el rechazo a reasignar fondos de la UE para dedicarlos a atender los daños causados por la riada. El Consell lleva seis meses solicitando al Ministerio de Hacienda que utilice el nuevo mecanismo europeo Restore -diseñado específicamente para reparar daños en catástrofes naturales- para reprogramar el 10% de los 34.000 millones del programa operativo 2021-2027.

Se trata del porcentaje máximo de reasignación de recursos que permite la normativa, lo que supondría una inyección de 3.400 millones de euros para la reconstrucción de Valencia.

La solicitud del Consell, remitida en enero y reiterada en mayo, concretaba que esos fondos procedieran de la parte del programa que gestiona el Ministerio (unos 17.000 millones) y que además se cedieran recursos para gestión directa por parte de la Generalitat. El plazo para presentar la propuesta de reprogramación a la Comisión Europea finalizó el 25 de junio y, a día de hoy, el Consell no ha recibido información sobre los términos en los que el Ministerio ha realizado esta reasignación de recursos. Una vez cumplido el plazo, la falta de notificación supone de facto que la Generalitat Valenciana no gestionará ningún recurso europeo adicional vinculado a esta reprogramación estatal.