El Consell encarga un informe a la Abogacía para defender el trasvase del Tajo Segura

La proximidad de las elecciones autonómicas, la escasez de recursos hídricos en los pantanos y los diferentes intereses alrededor de los trasvases (varias autonomías y provincias controladas entre el PP y el PSOE) augura con resucitar lo que se ha llamado guerra del agua.

El informe de la Abogacía de la Generalitat desmonta los argumentos esgrimidos para tratar de justificar un cambio de última hora en relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos, argumentos en los que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apela a una serie de sentencias del Tribunal Supremo sobre el particular, según fuentes de la Generalitat valenciana.

La propuesta era el aumento paulatino del caudal en la cuenca del Tajo lo que incide directamente en la cantidad de agua trasvasada a la provincia de Alicante y en las posibilidades de su agricultura. El programa consistía en pasar de los seis metros cúbicos por segundo actuales a los siete desde el próximo enero y así hasta llegar a los 8,65 en 2027.

Estas cantidades, de entrada, eran menores a lo esperado, hecho que fue interpretado por la Generalitat como una circunstancia positiva. Pero, además, en el Consejo Nacional del Agua se acordó la inclusión de una disposición adicional en la que se recogía que se haría una evaluación del programa de seguimiento del trasvase Tajo-Segura.

Este plan contempla una serie de inversiones, como la mejora de la depuración en la parte alta y determinadas actuaciones en desaladoras, junto a otros análisis ambientales. Si todo esto se cumplía no se aplicaba el aumento del caudal. Las declaraciones de Moran, en definitiva, fueron interpretadas como que el Gobierno tenía la intención de eliminar esta disposición.

La Abogacía de la Generalitat concluye que en ningún momento el Supremo se pronuncia sobre el aumento de los caudales ecológicos, sino que únicamente señala que hay que fijarlos. Es más, indica que a la hora de establecerlos hay que tener en cuenta una serie de variables, no sólo ecológicas, sino también socieconómicas y que la fijación de esos caudales no puede realizarse de manera indiciaria y sin la debida justificación.

Y precisamente, esos son los principios en que se basa la disposición novena del proyecto de real decreto cuyo mantenimiento cuestiona ahora el Gobierno, ya que esa disposición establece que «si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026», o lo que es lo mismo: no será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo cual garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura.

En definitiva, que el Consell entiende que no existe, tal como avala el informe de la Abogacía, ninguna justificación jurídica ni técnica para modificar en el último momento un texto que fue aprobado por amplia mayoría en el Consejo Nacional del Agua.

Precisamente, los representantes del Gobierno valenciano que asistieron a la reunión del citado organismo, la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y el secretario autonómico de Transición Ecológica, Francisco Candela, han elaborado un informe explicativo en el que advierten de que cambiarán el sentido de su voto sobre el plan del Tajo si finalmente se llevase a cabo una modificación de lo pactado.

Señalan, en concreto, que su abstención sobre el plan de cuenca del Tajo estaba condicionada al cumplimiento expreso de la disposición sobre los ya aludidos criterios para determinar los caudales ecológicos, pero indican que si ahora se suprimiese esa disposición los votos el Consell pasarían a ser negativos, tanto en el caso del plan de Tajo como en el del real decreto.

Así las cosas, el Consell reitera de manera rotunda su petición al Gobierno de España para que se cumpla lo aprobado en la última reunión del Consejo Nacional del Agua porque ese acuerdo garantiza el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que para la Generalitat es una cuestión prioritaria e irrenunciable, han asegurado las mismas fuentes.