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El Consell deja en el limbo el decreto para gestionar más rápido los fondos europeos

Los socios mantienen aparcada la norma para agilizar la administración una semana más a la espera de consensuar un nuevo texto

M. Hortelano

Valencia

Viernes, 5 de marzo 2021, 00:15

El pleno del Consell no aprobará hoy el decreto ley para agilizar la administración de cara a la recepción de los fondos europeos que llegarán de Bruselas. La norma tampoco irá esta semana a la reunión del Ejecutivo valenciano, después de que hace quince días se retirara del orden del día en el que se había pedido incluir por parte de Presidencia y de la Conselleria de Hacienda, para ser estudiado por el resto de áreas, sobre todo, las de Compromís y Unidas Podemos. El texto legal que modificará numerosas normas para acelerar la contratación y ejecución de las partidas que lleguen de Bruselas se ha quedado en un limbo político, después de que el redactado presentado por el PSPV sufriera una enmienda a la totalidad por parte de sus socios de gobierno que ha acabado dejando el decreto inicial en vía muerta.

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Y es que, habitualmente, la conselleria de la que depende la gestión o aplicación de una determinada norma es la encargada de poner encima de la mesa su inclusión en el orden del día del pleno del Consell, los jueves, para que el viernes sea aprobada por el Ejecutivo. Sin embargo, en el caso de este decreto de agilización, presentado por Hacienda y Presidencia, las consellerias de Compromís y Unidas Podemos entendieron que la norma era transversal y que al afectar a todo el Ejecutivo, debía ser enmendada por todos. Una postura que desde las áreas socialistas no comparten. Según fuentes del PSPV, lo pactado era que el decreto se paraba una semana para ser consensuado por todas las partes. Pero, los representantes de Compromís y Unidas Podemos redactaron un texto nuevo, modificando el presentado por la parte socialista. «Han rehecho lo que habían hecho quienes tenían las competencias», aseguran desde el Consell.

El caso es que el decreto no sólo no se aprobará hoy, pese a la urgencia mostrada por parte del Ejecutivo, sino que en estos momentos no hay un texto único. Fuentes del Botánico aseguran que se trabajará para que la próxima semana se pueda haber alcanzado un acuerdo. De hecho, normas similares ya han sido aprobadas en el Gobierno central o en regiones como Cataluña o Andalucía.

Entretanto, y para ir ajustando las necesidades de los distintos departamentos del Consell para la oleada de fondos europeos que está por llegar, ayer la Conselleria de Hacienda dio cuenta de un acuerdo del Consell de la semana pasada para llevar a cabo modificaciones presupuestarias por importe de 11,8 millones de euros. Según reza en el Diario Oficial de la Generalitat, ante el incremento de la carga de trabajo que implicará llevar a cabo los procedimientos y actuaciones necesarios para incentivar la actividad económica afectada por la pandemia Covid-19, así como la preparación y gestión de proyectos financiables con los fondos vinculados al mecanismo de recuperación y resiliencia, y a las ayudas REACT:EU, diversas consellerias, han propuesto reforzar los medios personales mediante programas de carácter temporal y duración determinada.

La Conselleria de Agricultura planea la necesidad de dotar nuevos puestos de trabajo de carácter temporal de diversas categorías, cuyo coste total para este ejercicio asciende a 4.475.000 euros. Por su parte, la Conselleria de Economía Sostenible, ha aprobado un programa temporal de apoyo a la política industrial y de transformación del modelo energético,con un coste estimado para este ejercicio del programa asciende a 723.000 euros, mientras que la Conselleria de Política Territorial también requieren medios personales adicionales para desarrollar proyectos para simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, modernizar y digitalizar los procesos de la información urbanística con fondos europeos para lo que requieren 1,2 millones extra. Por último, la Conselleria de Justicia necesita incrementar su personal para poder sancionar frente a las infracciones cometidas por incumplimientos de la normativa frente a la Covid-19, con un coste estimado de 4,9 millones de euros.

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