Los atascos históricos del tripartito

«Aborrezco el victimismo, pero más la injusticia. En cualquier caso, somos nosotros los que hemos de ganarnos un papel protagonista, nadie nos pondrá una alfombra ni hará nuestro trabajo, por eso estamos dispuestos a hacerlo». Las palabras son del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y las pronunció, según relatan las crónicas, en el debate de investidura tras la victoria de la izquierda en las elecciones autonómicas de 2015. Puig se refería al debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. «La Comunitat está exhausta de ofrecer nuevas glorias a España. Hasta aquí hemos llegado. Es hora de que se trate a los valencianos y valencianas con equidad», añadió.

El tono épico, casi belicista del líder socialista, tiene una explicación vinculada no sólo a la situación de infrafinanciación de la Comunitat, que por aquel entonces acumulaba ya dos años de prórroga con el sistema aprobado en 2009. En la Moncloa no estaba Pedro Sánchez, sino el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy. De manera que la denuncia por la situación que arrastraba la Comunitat era muchísimo más cómoda para la izquierda. «Rajoy tiene la obligación moral y política del cambio de financiación autonómica», dijo el jefe del Consell.

Hasta se convocó una manifestación multitudinaria –noviembre de 2017- para exigir el nuevo sistema. La mayoría de los partidos políticos, agentes sociales e instituciones se movilizaron para mostrar el hartazgo de la sociedad valenciana. Un éxito de convocatoria y un mensaje rotundo dirigido al Gobierno central.

Pero llegó la moción de censura del PSOE contra Rajoy, y Pedro Sánchez alcanzó la Moncloa. Y el tono beligerante desapareció, y la exigencia se convirtió en petición educada, y lo que antes era una prioridad dejó paso a un clamoroso silencio. El final de la primera legislatura del tripartito, y el arranque de la segunda, transcurrieron con ese cambio de actitud. Joan Baldoví, el diputado nacional de Compromís, saludó incluso el pacto con Sánchez para reformar en ocho meses la financiación. Era enero de 2020. Los ocho meses se cumplieron en agosto de ese año…

Y obviamente el sistema sigue siendo el mismo. El Gobierno alega que, a cambio, facilita a las CCAA el dinero que necesitan a través del FLA. Un hecho cierto, que sin embargo no niega que el FLA es un préstamo que hay que devolver y que engorda la deuda de la Comunitat Valenciana, de más de 53.000 millones de euros. Y en cambio la financiación responde al reparto de fondos del Estado.

Hacienda presentó a principios de diciembre su propuesta de población ajustada, una «victoria colectiva de los valencianos», aseguró la Conselleria de Hacienda porque suponía abrir el proceso para reformar el modelo. Han pasado cinco meses y todavía pasarán unos cuantos más antes de que la propuesta siquiera se someta a discusión. Primero fueron las elecciones castellanoleonesas, ahora son las andaluzas y después vendrán las municipales y autonómicas. Todo se parará para que la campaña de las elecciones generales lo llene todo. Llegaremos a 2024, arrancará la nueva legislatura y el sistema en vigor, aprobado en 2009, seguirá con su maltrato a la Comunitat.

Y, por supuesto, la legislatura autonómica que finalizará previsiblemente en mayo de 2023 lo hará con el mismo sistema injusto para los valencianos y con una reivindicación por lo bajini del tripartito. Porque el tono exigente se mantiene mejor contra un Gobierno central que preside otro partido que contra el propio jefe de filas.

La reforma de la Ley electoral ha sido históricamente una de las reivindicaciones de la izquierda valenciana, que veía como votación tras votación, los partidos más pequeños se quedaban fuera de la Cámara por unos miles de votos que les impedían superar el 5% fijado. El Bloc, sin ir más lejos, no consiguió escaño en el Parlamento valenciano hasta que formalizó junto a Iniciativa, una escisión de Esquerra Unida, la coalición Compromís, en 2015. Después, partidos recién llegados como Ciudadanos, Podemos o Vox, lograron rebasar ese listón en solitario, pero las encuestas vuelven a situar al filo e la navaja a los naranjas y a los morados. Sin embargo, la reforma de la Ley electoral está paralizada por una mera cuestión matemática. Los números no dan. Y es que la suma de los diputados de la formación que encabeza Ruth Merino con las tres del Botánico llega a 65. Y eso significa que falta uno para los dos tercios de los 99 diputados de la Cámara.

El juego de cifras, en este caso, no es anecdótico. Disponer de 66 votos permitiría al Botánico sacar adelante su proposición de reforma de la Ley Electoral, que es la que prevé que un grupo político debe de superar el 5% de los votos emitidos para poder acceder a la Cámara. La propuesta del Botánico pasa por rebajar ese listón al 3%, circunstancia que, obviamente, permite a los partidos obtener representación parlamentaria con bastantes menos apoyos.

A la vista de lo que indican las encuestas, el partido de Inés Arrimadas se acerca peligrosamente a esa barrera del 5%. Y las expectativas a corto y medio plazo no son buenas. Sin embargo, el Botánico piensa más en Podemos que en Cs. La formación de Pilar Lima también ha visto retroceder sus apoyos en los sondeos. No acceder a la Cámara en las próximas elecciones dibujaría una incógnita sobre el escenario político que podría afectar a la actual mayoría de izquierdas. Algo que en Compromís llevan tiempo aprovechando para tratar de atraer a un electorado que podría ver desdibujada su opción electoral con los actuales porcentajes de acceso a la Cámara.

El Botánico ha reformado durante esta segunda legislatura la Ley de la Función Pública para incluir novedades en el acceso de los ciudadanos a la Administración y el modo en que los empleados públicos se relacionan con el sistema. Uno de los puntos más reclamados por los grupos de la izquierda, ahora en el Gobierno, era la imposición de un requisito lingüístico para presentarse a las oposiciones para obtener plaza de funcionario. Es decir, la necesidad de que un determinado nivel de valenciano pasara a ser requisito y no sólo mérito en las ofertas públicas de empleo de la Generalitat. La medida levantó una inmensa polvareda política entre todos los grupos. Tanto los que defienden la medida como los que la consideran una imposición que evita que los mejores puedan acceder a un empleo público sin tener un título de valenciano.

Así, en marzo del año pasado, con la aprobación en Les Corts del texto definitivo de la norma, se dejó en barbecho la aplicación del requisito y se dio un año a una comisión de expertos para que fijaran los niveles de valenciano que iban a ser exigibles a la hora de cubrir cada tipo de puesto en la Administración. Ese plazo se ha cumplido esta pasada semana, con la presentación del informe, con nueva polémica. De los ocho miembros, la mitad afín al PSPV ha propuesto que los más altos funcionarios sólo necesiten un nivel B2 para presentarse a un examen, mientras que los cuatro más próximos a Compromís elevan esa necesidad a un C1 de valenciano. La última palabra la tiene la Conselleria de Justicia, de quien depende la ley de Función Pública, y esta pasada semana la consellera Gabriela Bravo ya evidenció que no se aplicará el requisito en lo que queda de legislatura. Ella apuesta por pedir el mismo nivel de valenciano con el que se sale del instituto (el B2), mientras que sus socios insisten en el C1 y dice que llevará el decreto al Consell lo antes posible. Los socios aseguran que en esas circunstancias no habrá acuerdo y lo bloquearán desde Política Lingüística, en manos de Compromís, que tiene que emitir un informe preceptivo. Las organizaciones catalanistas ya han montado en armas por lo que consideran un fiasco. Pero lo cierto es que no habrá requisito en esta etapa Botánica. Porque aunque lograran acordarla de manera exprés, habrá una moratoria para exigirlo de entre uno y dos años. Otro proyecto al cajón.