La vía de Anticorrupción para reabrir el pitufeo: la queja al Tribunal Supremo

El ministerio fiscal comunicó recientemente a la Audiencia, el órgano que archivó el procedimiento por la falta de indicios para celebrar el juicio, que pretendía recurrir en casación la decisión de los magistrados.

El auto de la Sala suponía revocar el procesamiento que en su día dictó el juzgado de Instrucción 18 de Valencia tras más de seis años de investigación. Pero la resolución, tal y como se recogía expresamente, no era recurrible.

La acusación pública considera, no obstante, que la Sala ha argumentado un sobreseimiento libre pese a que finalmente ha dictado uno provisional. El primero equivale a la inexistencia de un delito en los hechos analizados. Se trata de una sentencia absolutoria. El segundo, en cambio, responde a la falta de indicios suficientes para continuar con el procedimiento penal. Y, además, existe otra diferencia: el sobreseimiento libre se puede recurrir.

La Audiencia ha contestado ya al anuncio de las pretensiones del ministerio fiscal. Recuerda la Sala en un breve auto que sólo se pueden recurrir aquellos procedimientos que finalicen por una falta de jurisdicción o por un sobreseimiento libre, pero no los que se cierran con un archivo provisional, es decir, aquellos que podrían reabrirse en el supuesto de aparecer nuevos indicios. Esto, no obstante, en la práctica resulta complicado.

La sección Cuarta de la Audiencia subraya que no tiene otra opción más que rechazar el escrito del fiscal Anticorrupción de acuerdo con la regulación legal vigente, pero también desde la perspectiva de la «buena fe procesal» debido a la «costosa dedicación que acarrea a la oficina judicial el elevado número de sujetos implicados en el proceso». Este último argumento, sin duda, alejado del objeto de este procedimiento y relacionado casi con cuestiones de intendencia de la Sala.

En cualquier caso, la Audiencia, con su decisión, abre la puerta a que el fiscal acuda en queja al Tribunal Supremo. Un procedimiento que se dirigirá desde la Fiscalía del Tribunal Supremo donde se resolverá finalmente la idoneidad de presentar o no la queja. La acusación dispone de dos días para hacerlo desde la notificación del auto.

El inicio de esta acción procesal no paraliza las resoluciones adoptadas hasta el momento. La Audiencia decretó en su día el archivo para todos los investigados que habían participado supuestamente en el asunto del blanqueo ante la inexistencia de indicios y que toda la trama estaba sustentada en «meras sospechas». De igual modo, precisó que el juez instructor no ha conseguido establecer una hipótesis lógica del origen del dinero -el de la supuesta caja B- y que no es lo mismo un dinero negro que un dinero delictivo, requisito este último del blanqueo de capitales.

Sin embargo, los magistrados sí han certificado los indicios delictivos en las otras dos campañas electorales, la de 2007 y 2011. En esas fechas, la Audiencia sostiene que existen indicios de que el Grupo Municipal del PP financió el pago de los actos electorales con fondos procedentes de constructoras y fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Valencia. Por estos hechos están investigados Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, la que fuera secretaria del grupo. Ambos eran personas de la máxima confianza de la alcaldesa Rita Barberá. No parece probable que esta causa se juzgue antes de que el procedimiento de queja esté resuelto. El cierre definitivo del pitufeo, que afecta a la cúpula del último equipo de Barberá, tendrá que esperar.