Anticorrupción rechaza archivar el 'caso Montoro': «Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología»

El instructor Rus, por tanto, se garantiza, en vísperas de que la Audiencia Provincial de Tarragona decida sobre el futuro de esta causa, el apoyo cerrado de Anticorrupción para seguir investigando la existencia de una supuesta trama en el seno del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy dedicada a aprobar leyes a medida para favorecer fiscalmente a las empresas gasísticas que pagaban por estudios al bufete Estudio Económico, fundado por el exministro del PP ahora imputado. En total en esta supuesta «red de influencias» están investigadas 28 personas físicas y seis entidades jurídicas. Los delitos de los que se acusa al exministro y a sus más cercanos excolaboradores son siete: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

La fiscal Carmen García en su escrito dirigido al juez de Tarragona se opone a los recursos de varias defensas que reclaman declarar la nulidad de la causa (por entender que es una causa prospectiva y que los continuas prórrogas del secreto han provocado indefensión ) o que el caso se instruya en los juzgados de Madrid, al ser en la capital de España, donde se ubica el bufete bajo sospecha, donde se habrían cometido los ilícitos.

«Es necesario dejar claro y sentado desde este momento, que determinados correos electrónicos intervenidos en las diligencias que se tramitaban en Tarragona contra empresas gasistas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna», subraya la fiscal, después de que algunas defensas acusaran al magistrados una intencionalidad espuria al «atribuirse el conocimiento de unos hechos, evidentemente de notorio cariz político y especial relevancia mediática». Es más, han llegado atribuir a Rus de tener un «especial interés en alejar el procedimiento de terceras personas por todos los medios».

La Fiscalía añade que los informes de los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria constatan la «indiciaria existencia» de una organización, los pagos de las gasísticas a Equipo Económico «previos a cada actuación administrativa a favor» y la elaboración «a la carta de aquellas mercantiles» de impuestos.

En esta causa, el juez investiga precisamente el supuesto negocio de amaño de leyes y otras supuestas irregularidades, que, siempre según el sumario, se habría extendido durante los dos gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018) y que operó hasta el último día, ya que la trama -sostienen los investigadores-incorporaron modificaciones pedidas por las empresas pagadoras a Equipo Económico en los Presupuestos Generales que Rajoy aprobó en junio de 2018.

El primer supuesto gran amaño legislativo fue en 2013 y fue para que a esas compañías energéticas se les incluyera en la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Hasta recurrir al despacho fundado Montoro estas empresas fracasaron en sus intentos de hacer cambiar de opinión al Gobierno de Rajoy. Llegaron a presentar enmiendas al Grupo Popular y dirigieron cartas a Hacienda, pero nada. Todo cambió cuando las empresas contrataron a EE y a su asesoría vinculada, EY (Ernest&Young). «En menos de un mes», relata el instructor, y sin que nada hubiera cambiado, el Ejecutivo modificó tanto la Ley 28/2014 como el Real Decreto 1074/2014 sobre Impuestos Especiales para beneficiar al conglomerado de las seis gasísticas denominado AFGIM.

El segundo presunto gran amaño legislativo por el que ha acabado encausado el exministro de Aznar y Rajoy siguió prácticamente la misma fórmula y tuvo los mismos protagonistas. AFGIM llevaba desde inicio del siglo XXI tratando que los ayuntamientos en los que estaban ubicadas sus plantas de producción y envasado les aplicaran tarifas «notablemente inferiores» para la tributación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Entre 2003 y 2013 habían emprendido sin ningún éxito una cruzada en los tribunales para conseguir esa rebaja. Pero todo había varapalos en forma de sentencias. Llegaron a formular consultas a la Dirección General de Tributos con resultados nulos.

Y entonces en abril de 2015 volvieron a mirar a la supuesta trama de Montoro como única solución para conseguir que les bajaran la tributación. AFGIM, tras las negativas de Hacienda, creó un grupo de trabajo que acabó contactando con EE y EY. «Solo con la intervención de EE, mediante pago, culminaron con éxito las reclamaciones gasísticas», relata el juez. En febrero de 2017 entró en juego el despacho que había creado Montoro y poco después se cambio el IAE a gusto de AFGIM a través de una enmienda a los Presupuestos Generales de 2018, aprobados solo días antes de que Rajoy perdiera el Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez.