La jueza de la dana recuerda a Mazón que su invitación a que declare como investigado «es una garantía y no solo una carga»

Intersindical, que ejerce la acusación popular en la investigación de la gestión de la catástrofe, ha pedido que se incorporen a la causa las entrevistas que con motivo del 9 d'Octubre ha concedido el presidente. El sindicato reclama los vídeos de LAS PROVINCIAS, Ok Diario y la televisión autonómica À Punt.

El argumento de esta solicitud consiste en que Mazón ha realizado declaraciones públicas contradictorias y falsas sobre el conocimiento y la gestión de una alerta hidrológica que afectó a la comarca de L'Horta Sud. De igual modo ha «frivolizado» sobre las alertas y, según el criterio de la citada organización, ha omitido información crucial que conocía antes de que se produjeran las inundaciones.

La jueza, en cambio, diferencia entre el contenido expuesto en esas entrevistas. Por un lado, no da relevancia a la explicación del presidente sobre el papel de la Generalitat que, en definitiva, responde a una versión que ya han ofrecido los investigados y otros cargos públicos.

Respecto de la otra vertiente de sus declaraciones, consistentes en la afirmación de que no poseía ningún tipo de responsabilidad sobre el control de la emergencia y que no dio ningún tipo de orden ni instrucción, hace un análisis diferente. «La incorporación de dichas declaraciones se habría de producir si se hiciera uso por el presidente de la Generalitat de la facultad de declarar como investigado en el presente procedimiento. Lo contrario sería sortear dicha facultad, que es también una garantía, no solo una carga, que se ha ofrecido previamente».

En definitiva, no se puede sustituir una declaración de investigado, que conlleva la oportuna asistencia letrada con los derechos a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable entre otros, por entrevistas a los citados medios de comunicación.

De igual modo, recuerda el auto que tampoco puede servir como una suerte de declaración testifical. Dicha prueba de declaración de Mazón como testigo no fue acordada precisamente por la ausencia de garantías para el declarante, en tanto que estaría obligado a decir verdad y sin asistencia letrada, dada la facultad antedicha que se otorgó en su momento al presidente.

La acusación sostiene que las declaraciones de Mazón han pivotado en un «nadie nos avisó» a un «estábamos puntualmente informados» y, por tanto, resultan contradictorias. De igual modo, creen que restó de manera deliberada importancia a las alertas rojas, como si fueran un fenómeno habitual. Recuerda el escrito de diligencias, que la jueza ya ha invitado en varias ocasiones al presidente a que acuda a declarar, pero este no ha contestado de manera oficial. A los medios, en cambio, ya les trasladó su negativa a comparecer.