El fiscal pide 7 años de cárcel a Helga Schmidt, exintendente del Palau de les Arts, por el saqueo de fondos

La Fiscalía de Valencia acaba de presentar su escrito de calificación en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. El ministerio público solicita importantes penas de prisión para los principales responsables de la trama. La exintendente del Palau de Les Arts Helga Schmidt se enfrentará a 7 años y 6 meses de cárcel.

El escrito también resulta desfavorable para los empresarios investigados por el desvío de fondos públicos. La acusación pública reclama 7 años de prisión para ellos. Se trata de José Antonio Noguera, presidente del Consejo de Administración de la empresa Patrocini de Les Arts, vinculada al Palau, cuya finalidad era la captación de patrocinadores; del consejero delegado de esta firma, Joaquín Maldonado. Además, la acusación reclama 8 años de cárcel para Ernesto Moreno, un alto cargo del Palau de les Arts. La indemnización solicitada que deberían pagar los acusados supera en total los 700.000 euros

La policía y la Intervención de la Generalitat sostienen que esa firma se creó para externalizar la búsqueda de patrocinios para el coliseo. Se hizo sin concurso público. Además, la sociedad no logró ningún "efecto positivo" en la institución musical. No aumentó el número de patrocinadores. En cambio, el Palau ingresó a la firma 800.000 euros por el trabajo realizado. "Cantidad carente de justificación y que genera un evidente perjuicio a los fondos públicos", recogía el juez en su última resolución. Noguera y Maldonado eran consejeros de esta sociedad que, por otra parte, apenas tenía personal. Uno de los empleados era, además, familiar de uno de los directivos.

También Pablo Broseta, administrador de la sociedad Radcliffe, mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones relacionadas con la imprenta y difusión de documentación, se ha visto salpicado por este asunto. La Fiscalía ha presentado su escrito después de que el juez le denegara la solicitud de un informe a la Intervención que el fiscal consideraba imprescindible para ejercer la acusación, tal y com o adelantó LAS PROVINCIAS. El ministerio público ha recurrido esta decisión a la Audiencia.