La Intervención advierte del reiterado descontrol del gasto de la Generalitat

La Intervención General de la Generalitat elabora cada año por estas fechas un completo informe sobre la ejecución del plan anual de control financiero permanente en el que fiscaliza una muestra representativa de los expedientes y contratos públicos de la Administración valenciana. Aunque a pesar de los numerosos reparos que año tras año pone a los documentos analizados, la Generalitat parece hacer caso omiso a las advertencias y recomendaciones de su órgano de control interno.

Así, en los dos últimos informes consultados, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012 (los últimos fiscalizados) se reiteran casi las mismas advertencias, por lo que período tras período, la Generalitat sigue sin modificar algunos de los errores hallados en los expedientes consultados.

Entre los más recurrentes destaca la falta de control sobre numerosos gastos que se pasan directamente a la caja fija. Por ejemplo, la Intervención avisa de que se han detectado pagos de suministros para los que no está previsto el mecanismo de caja fija. «Se ha observado que se han atendido por caja fija gastos de agua, luz y correos, cuando en el caso de los gastos inherentes al normal funcionamiento de cada programa que son susceptibles de estimación anual, se debe reservar crédito al inicio del ejercicio presupuestario tomando como importe de referencia el comprometido durante el ejercicio anterior». Pero también se han abonado facturas incluso de contratos mayores, como desvela el propio informe. La Intervención señala también la existencia de pagos sin facturas, sin albaranes, o sin descripción del detalle de los servicios suministrados. Algo a los que no escapa ninguna conselleria.

Pero también falta de control en los desplazamientos de taxi de altos cargos «hay justificantes que no acreditan el recorrido o no consta la identidad de los usuarios», o hay gastos en los que no costa «autorización».

Por otra parte, el informe sobre el control financiero de la Generalitat pone también la vista sobre los errores en las cotizaciones de los profesores interinos en Educación «a quienes su incorporación se efectúa como trabajos de oficina (grupo A) y por cuya inclusión se cotiza en un porcentaje inferior al que les correspondería por la actividad de la que son dados en la Administración Pública». Es decir, la Generalitat está infracotizando por lo interinos, lo que podría llevarla a correr el riesgo de «tener que aportar a la Seguridad Social la diferencia entre las cuotas resultantes y los recargos». Pero además, pone el acento sobre que de las muestras analizadas, «sólo en el 46% de esos expedientes se demuestra que los profesores cumplen con el requisito de la capacitación pedagógica», algo que «podía viciar la nulidad de los nombramientos», alerta la Intervención.

En el caso de los contratos de Sanidad, la Intervención pone la vista sobre determinados contratos de diversas especialidades sobre los que «no siempre se acredita estar en posesión de la especialidad requerida» o no siempre se cumple el mínimo de guardias sobre las que la Generalitat acaba cotizando por sus empleados médicos.