Medina acusa al PP de «ocultar datos» en la denuncia de los seguros agrarios

El socialista Raúl Valerio Medina tendrá que pasar mañana por los juzgados de Orihuela para declarar como imputado por el presunto fraude de los seguros agrarios efectuado durante su mandato como alcalde y en su etapa anterior con el ex primer edil, José Joaquín Moya, con el que ocupó el cargo de tesorero municipal y concejal de Hacienda.

Según Medina, tras meses de denuncias, informes e investigaciones por parte de la alcaldesa, la popular Charo Bañuls, del total de las supuestas altas fraudulentas «solo ha podido incluir a dos de ellas en mi periodo como alcalde y en ambos casos las personas denunciadas han declarado haber trabajado para el Ayuntamiento de Bigastro».

El socialista además echa en cara que toda la denuncia se fundamenta en «un informe incompleto que oculta conscientemente datos relevantes, elaborado por el edil de Hacienda, Antonio González, y que les ha servido como base de la supuesta red corrupta agraria denunciada por el PP».

Asimismo dice que los datos aportados en dicho informe inicialmente hablaban de 68 personas afectadas y el listado quedó reducido a 45, «sin conocerse el motivo y sin que se informara a Fiscalía ni a la Seguridad Social qué ha pasado con esos 23 trabajadores inicialmente incluidos». Para Medina el motivo es simple: «existen datos municipales que aparecieron tras la denuncia del PP que prueban que esas personas trabajaron para el Ayuntamiento», pero arremete contra la alcaldesa porque «Bañuls decidió entonces, en junio del 2013, omitir esta información y seguir judicialmente con una invención que está generando graves problemas a muchas familias honradas».

Multa de la Seguridad Social

Por otra parte, el socialista se refiere a la sanción que la Seguridad Social ha impuesto al Ayuntamiento, en la que, pese a tener competencia para ello, «la inspección no halla indicios de delito que hubieran motivado la paralización del expediente y que tiene como principal fundamento que un Ayuntamiento no tiene actividad agrícola que justifique la contratación de ese personal, por lo que impone la multa al Consistorio, pese a reconocer que dichas personas trabajaron para el Ayuntamiento».

A su juicio es grave que este haya acatado esa sanción, «pese a saber que dicha actividad agrícola se vino desarrollando durante los pasados años, desarrollándose multitud de programas, muchos en colaboración con otras entidades públicas para los que se requirió personal agrario, llegando incluso el Ayuntamiento a generar ingresos por la venta de cítricos de los huertos municipales».

Para Medina, la existencia y necesidad de esos trabajadores agrícolas está más que probada, «por eso debía haber recurrido la sanción de la Seguridad Social, pero ha preferido acatarla para llevar ante el juez a cincuenta personas y seguir con su invento de una supuesta red corrupta» y critica que lo contrario hubiera implicado «reconocer la inexistencia de delito, tirando por la borda meses de trabajo dirigido a desacreditar a la oposición y a la persecución de las familias del pueblo que cree ajenas a su partido, única finalidad verdadera de esta acción». Un objetivo que reprocha «es más propio de otros momentos de nuestra historia y se ha mantenido aunque ello implique acusarlos de un delito inexistente en la época en que estuvieron contratados, poniendo la supervivencia política del PP por encima de cualquier otro interés».